- Más Madrid pide a los afectados reclamar en Consumo ante lo que considera una práctica abusiva y consentida por el Ayuntamiento.
El festival La Muralla Camp, que arrancó el pasado 23 de agosto en Alcalá de Henares, se ha topado con la polémica apenas estrenada su primera edición. Más Madrid Alcalá ha denunciado públicamente que la promotora prohíbe a los asistentes salir del recinto y volver a entrar, pese a que las jornadas del evento se prolongan durante más de ocho horas —con apertura de puertas a las calurosas cinco de la tarde y música programada hasta pasada la una y media de la madrugada—.
La concejala y portavoz de la formación, Rosa Romero, ha sido tajante: “No se puede obligar a la gente a permanecer ocho horas seguidas dentro de un recinto sin poder salir. Si no se informó de forma previa y visible al adquirir la entrada, estamos ante una posible cláusula abusiva que debe investigarse. La promotora quiere que la gente coma, beba y consuma dentro del recinto, sin dejar dinero en los comercios de la ciudad, pero el ánimo de lucro no lo puede todo y hay unos límites”.
Críticas al Ayuntamiento por mirar hacia otro lado
La indignación de Más Madrid no se dirige solo contra la empresa organizadora. También contra el propio Ayuntamiento, que adjudicó la organización del festival y, según la formación, ha hecho la vista gorda. “Resulta especialmente grave que el Gobierno municipal del Partido Popular y Vox, al que se le llena la boca con la palabra libertad, no haya actuado para impedir esta limitación de la libertad de movimiento ni para garantizar los derechos de los asistentes”, reprochó Romero.
El señalamiento no es menor: hablamos de un evento enmarcado en la programación oficial de las Ferias y Fiestas de la ciudad, respaldado por el propio Consistorio. Para Más Madrid, el consentimiento del equipo de gobierno multiplica la gravedad de lo que califican como “una práctica abusiva que convierte un festival en un encierro encubierto”.
Posible vulneración de derechos de los consumidores
La formación recuerda que la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios es clara: cualquier condición que limite de manera injustificada los derechos de los consumidores debe comunicarse con antelación y no puede generar perjuicios desproporcionados. Si no se avisó de forma expresa en el momento de la compra, la clausura de puertas sin opción de reingreso podría ser denunciada como una práctica ilegal.
Por eso, desde Más Madrid instan a los afectados a no quedarse de brazos cruzados: “Animamos a todas las personas que hayan adquirido entradas y se sientan perjudicadas a presentar denuncia o reclamación en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Alcalá de Henares o en la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid”.
En palabras de Romero, “defender los derechos de los vecinos también significa protegerlos frente a prácticas comerciales abusivas. Animamos a todas las personas afectadas a que reclamen, porque solo así se logrará que la Administración actúe”.
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