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La Justicia imputa por primera vez a dos altos cargos de Ayuso por los protocolos que impidieron hospitalizar a mayores en residencias durante la pandemia.
Por primera vez desde que estalló la pandemia que cambió el mundo y segó la vida de decenas de miles de mayores en España, la Justicia se atreve a rasgar el velo de impunidad política que hasta ahora había protegido a los verdaderos arquitectos de una tragedia silenciada entre las paredes de las residencias. El próximo lunes, 26 de mayo, dos altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso están citados como investigados en un juzgado de Madrid por haber firmado los infames protocolos de no derivación hospitalaria, que impidieron a miles de ancianos recibir atención médica durante la primera ola del COVID-19.
Se trata de Carlos Mur, entonces director general de coordinación sociosanitaria y firmante original de dichos protocolos, y de Francisco Javier Martínez Peromingo, quien le sucedió en el cargo tras su cese en mayo de 2020. Ambos están imputados por un posible delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, recogido en el artículo 511 del Código Penal, que contempla penas de hasta dos años de cárcel en sus formas más graves.
El giro judicial: una reapertura con olor a justicia
El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, que inicialmente había cerrado esta causa, ha decidido reabrirla tras la petición de la Fiscalía Provincial. La base: una denuncia colectiva presentada por 109 familias destrozadas por la pérdida de sus seres queridos, muchos de ellos sin haber tenido siquiera la oportunidad de llegar a un hospital. En su momento, esas muertes fueron registradas como “esperadas”, como si el mero hecho de ser viejo y vivir en una residencia convirtiera a la persona en prescindible.
Es la primera vez que el foco judicial se centra en los altos mandos sanitarios que redactaron y firmaron unas directrices que, de facto, condenaban a miles de ancianos a morir solos, desatendidos y sin tratamiento médico. Hasta ahora, las responsabilidades penales habían recaído en médicos de base y directores de residencias, pero nunca en los cargos públicos que ordenaron, diseñaron o consintieron aquellas decisiones.
Los protocolos de la vergüenza: un crimen sin castigo… hasta ahora
El nombre técnico era aséptico, casi burocrático: “Criterios de exclusión de derivación hospitalaria para pacientes institucionalizados en centros sociosanitarios”. Pero su aplicación práctica fue letal. En pleno pico de la pandemia, aquellos documentos impedían que mayores con ciertas condiciones previas —demencia, deterioro funcional o dependencia severa— fuesen trasladados a hospitales. “No candidatos a derivación”, rezaba la terminología eufemística. Traducción: condenados sin juicio a morir en soledad.
Carlos Mur, en sus anteriores declaraciones judiciales, siempre se escudó en que los protocolos eran “recomendaciones” y que la última decisión quedaba en manos de los sanitarios. También defendió que aquellos documentos eran “una guía” para evitar el colapso del sistema. Pero ahora tendrá que explicarse no como testigo, sino como imputado. Y esta vez, con la posibilidad de responder penalmente por sus actos.
La otra cara de la moneda: las víctimas sin voz
Para las familias que llevan años clamando en el desierto mediático y judicial, esta imputación representa un rayo de esperanza. Las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia, que aglutinan a cientos de afectados, han celebrado la decisión del juzgado como un hito. “Por fin se empieza a mirar hacia arriba”, dicen en un comunicado. “Hasta ahora solo se investigaba al último eslabón de la cadena, pero no a quienes dictaron las órdenes. La verdadera responsabilidad política y técnica ha estado escondida tras cortinas de humo y ruedas de prensa.”
El caso, de momento, no alcanza directamente a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ni a su entonces consejero de Sanidad, pero las familias esperan que las comparecencias de Mur y Peromingo arrojen luz sobre su grado de implicación o conocimiento directo de las decisiones que se tomaron. Porque nadie se cree ya que semejantes instrucciones se redactasen, firmasen y aplicasen sin conocimiento ni visto bueno de los máximos responsables políticos.
Un juicio no solo penal, también moral
Más allá de lo jurídico, esta causa plantea una inapelable cuestión ética y política: ¿cómo es posible que en un país democrático se establecieran criterios de exclusión sanitaria por edad o discapacidad, y que nadie hasta ahora haya asumido responsabilidades? ¿En qué momento se decidió que los mayores en residencias eran sacrificables, meras cifras en un Excel de gestión de recursos?
Se avecina un proceso que puede marcar un antes y un después. Porque no se trata solo de esclarecer unos hechos. Se trata de dignificar la memoria de miles de personas que fueron privadas del derecho más básico: ser atendidas en vida y lloradas con justicia.
Y también se trata de que nunca más se repita. Porque no hay protocolo, ni estado de alarma, ni saturación hospitalaria que justifique la renuncia a la humanidad.
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