- Cinco jilgueros cazados con pegamento son liberados en Alcalá de Henares
La actuación tuvo lugar en la calle Nuestra Señora de Belén, cuando los Agentes Forestales adscritos a la Oficina Comarcal 6 detectaron la tenencia ilícita. El ‘silvestrismo’, aunque con tradición cultural en algunas regiones, está sometido a una regulación estricta en la Comunidad de Madrid. Este tipo de intervenciones se enmarcan en una lucha más amplia contra el expolio de la biodiversidad autóctona. La ciudadanía puede ser sancionada con multas de hasta 200.000 euros por la captura, tenencia o comercio de especies protegidas.
El canto de la libertad no se encierra en una jaula
Cada primavera, los parques y campos de nuestra región se llenan de vida. Entre los sonidos que definen la estación, el del jilguero —ese trino alegre y puro— ocupa un lugar especial en la memoria colectiva. Pero también en las listas de especies protegidas. Lo que para algunos puede parecer una inocente tradición, mantener uno o varios jilgueros en una jaula para alegrar las mañanas, es en realidad una infracción ambiental que pone en riesgo la sostenibilidad de las poblaciones silvestres.
En el caso ocurrido en Alcalá, los agentes actuaron con rapidez, liberando a las aves tras comprobar la falta de documentación. La legislación es clara: cualquier persona que posea aves silvestres debe contar con autorización expresa y, en su caso, con anillas identificativas oficiales. No basta con tener buena voluntad. La normativa persigue tanto la protección del individuo como de la especie, y se fundamenta en directivas europeas (como la 2009/147/CE de aves) y en leyes nacionales como la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Silvestrismo: entre la tradición y el delito
El llamado silvestrismo —la captura de aves fringílidas como jilgueros, pardillos o verderones para su adiestramiento en el canto— ha sido objeto de fuertes restricciones en los últimos años. Aunque antaño se toleraba con ciertas licencias, hoy en día está considerado incompatible con la normativa europea, especialmente por su impacto sobre especies en declive. Solo se permite en casos excepcionales, y bajo estrictas condiciones, algo que en Madrid prácticamente ha desaparecido por completo.
El caso de Alcalá de Henares es uno más de los numerosos episodios que cada año tienen lugar en la Comunidad de Madrid. El problema no es menor: la caza furtiva de aves y su venta clandestina, a menudo a través de internet, representa un grave atentado contra el patrimonio natural. Frente a ello, la vigilancia forestal y la conciencia ciudadana se convierten en los principales aliados.
Porque, al final, cada jilguero en libertad es una victoria frente a la ignorancia y la codicia. Y cada denuncia, un recordatorio de que la naturaleza no se domestica: se respeta.
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