A VUELTAS CON LA MONARQUÍA UNA VEZ MÁS | Por Pilar Blasco

"Estos días, semanas y meses de la ley de amnistía, precedida de los indultos a separatistas, pactos con golpistas y etarras, etc. de los últimos cinco años, los del gobierno Sánchez, sin mencionar otras leyes destructivas del “gobierno de progreso”, para que no falte de nada, o por lo mismo, sale una vez más a la opinión pública la validez y la utilidad de la monarquía".

El rey Felipe VI con su uniforme de gala - Casa Real
  • Pilar Blasco es  licenciada en Lengua española y ha colaborado en publicaciones locales en temas de actualidad política y cultural.
Foto institucional

Repasando artículos míos anteriores sobre la monarquía, la república y cuestiones de las que periódicamente salen a la actualidad por motivos a veces personales e íntimos, morales, políticos o mezclados con la política, incluso con la economía, he ido comprobando el deterioro progresivo, en los últimos tiempos acelerado, no tanto de la figura visible de la monarquía, el Rey, sino de la nación española, su sociedad, sus instituciones, sus leyes, sus gobiernos, el sistema constitucional… Elementos en los que la monarquía y el rey mismo, en la actualidad, son meros espectadores, más bien víctimas, junto con la sociedad española y la nación, de esas instituciones en deterioro imparable.

Estos días, semanas y meses de la ley de amnistía, precedida de los indultos a separatistas, pactos con golpistas y etarras, etc. de los últimos cinco años, los del gobierno Sánchez, sin mencionar otras leyes destructivas del “gobierno de progreso”, para que no falte de nada, o por lo mismo, sale una vez más a la opinión pública la validez y la utilidad de la monarquía. Salen por diferentes motivos y de diferentes puntos las flechas que apuntan a una estatua inerte que, como los monumentos de piedra de nuestras plazas, no puede moverse. Los proyectiles verbales y legales están prestos a disparar a la figura silente, unos para que no ose mover un dedo ni hacer un gesto de insumisión, merecedor de sanciones constitucionales a cargo del tribunal del régimen, el que acomoda la Constitución a sus intereses, que son los del gobierno.

Otras lanzas empujan, por el contrario, a que el Rey se mueva, que hable, que actúe mínimamente con gestos, con matices, con mensajes subliminales de complicidad con su pueblo, al menos con la mitad de él, el que se agarra como a un clavo ardiente a la institución milenaria que lo representa, la  que ha sobrevivido a golpes, guerras, exilios, restauraciones, corrupciones y demás vaivenes a lo largo de los siglos, en los que ha sido la Institución y la Nación, no los reyes propiamente, no los gobiernos ni los políticos, sino la Monarquía como sistema la que ha prevalecido. Con mayor o menor merecimiento del monarca de turno, muchas sin merecimiento alguno, ha sido la Nación la que ha sostenido la institución monárquica como tabla de salvación a las veleidades republicanas en España, hasta ahora siempre desastrosas.

En la última década, más bien las dos últimas, la amenaza ni siquiera es republicana, o no sólo republicana, sino que la amenaza en marcha va de régimen totalitario, separatista disolvente, absolutista sin rey, globalista sin permiso… y sobre todo corrupta. No me refiero a la corrupción económica, que también y en un grado considerable aún por desvelar completamente, sino a la más grave por englobar a todas y cubrir  la sociedad entera, la corrupción institucional y social.

El   interés por derribar a Felipe VI no va a ser por cuestiones íntimas ni económicas, aunque lo intentan. Ahí no lo van a pillar, si pudieran estarían las tertulias del régimen hirviendo. Lo van a ensartar precisamente por medio de la legalidad, la de Sánchez y Pumpido, la que el gobierno se salta cuando le da la gana sin dar cuentas a nadie, sin dar cuentas al congreso ni a sus ministros, sino explicándose a su manera en las televisiones públicas sumisas por dinero y privilegios. La legalidad del tirano que se apodera de tribunales, fiscalías (“de quién depende, pues ya está”), medios de comunicación, empresas públicas y privadas.

La legalidad que amenaza a la Oposición, a los medios independientes, a los comunicadores particulares críticos, rebeldes a la dictadura mediática. La legalidad  de la censura en las redes sociales con agencias dependientes del “ministerio de la verdad”,  la de la diabólica Agencia Tributaria filtradora de datos personales, la legalidad del sospechoso sistema electoral del  CIS de Tezanos, de los insultos, calumnias y gestos amenazantes en el Congreso… la legalidad de las cartas de amor a Begoña y los enchufes familiares millonarios. En fin, la legalidad del sátrapa tirano que considera la Nación de su propiedad. No como el Rey, que tiene las manos atadas precisamente por la ley.

Pero hay un peligro quizás mayor para la monarquía y para Don Felipe. Es el desencanto, el desamparo de los suyos, la duda de su valor institucional que se plantean los españoles, demócratas, republicanos o monárquicos. El gobierno socialista (de coalición con la extrema izquierda y demás fuerzas destructivas) ha puesto a Felipe VI entre la espada de la supuesta legalidad constitucional y la pared de los suyos, que ya no pueden sostener por más tiempo el dique patriótico contra la avasalladora amenaza totalitaria impune y la quietud y pasividad aparente del Rey.  He aquí el dilema.

De ahí derivan las voces de alerta que manifiestan el miedo al futuro de la nación, la inacción de las fuerzas políticas frente a la amenaza totalitaria, la tibieza de la oposición y la división de los partidos adversarios al régimen sanchista. Y demás manifestaciones que, atadas de pies y manos, como el Rey Felipe, utilizan las armas civilizadas y legales de la palabra y los tribunales, como la honda de David contra Goliat. El Rey y los españoles somos víctimas del mismo desamparo, la mitad de españoles que se dejan matar por Sanchez también lo son. Pero tienen la ventaja de no saberlo.

 

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