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La ley impide que una institución pública haga acciones como esta precisamente si el beneficiario es una entidad privada.
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha presentado este lunes una denuncia contra el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por su “falta de imparcialidad”, según señalan, en el caso de los migrantes que se encuentran alojados en el centro de Alcalá de Henares, en Madrid, después de que la plataforma de entidades asegurase que estas personas sufrían “duros controles” para poder salir de las instalaciones y que estaban siendo “marcadas con boli para identificarlos”.
Tras esas acusaciones de “maltrato” en el centro de emergencia, acogida y derivación, que es gestionado por la organización social Accem, el ministerio emitió el pasado viernes un comunicado junto a esta ONG para desmentir que los migrantes estuvieran sufriendo tal situación al asegurar que en ese dispositivo “se garantizan los derechos humanos”. El ministerio que dirige Elma Saiz también negó que exista un “duro control” y explicó que este tipo de centros ambulatorios “disponen de un horario para asegurar unas normas básicas de convivencia”.
“Apoya a una subcontrata”
Desde la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado creen que el ministerio “no debe utilizar el logotipo de una entidad privada como es Accem, pues así muestra su apoyo a la ONG ante las denuncias de irregularidades en el mencionado centro”, señalan en un comunicado. “¿Por qué el Ministerio usa el logotipo que nos representa y debe tratar a todos por igual para apoyar a su subcontrata? La ley impide que una institución pública haga acciones como esta precisamente si el beneficiario es una entidad privada”, añaden en el comunicado.
Rafael Escudero, secretario general de la red, acusa al ministerio de “falta de neutralidad en los procedimientos que se abren en concurrencia” y asegura que “la legislación en materia de buen gobierno es una normativa que específicamente sanciona que las administraciones abandonen la neutralidad debida”.
La denuncia presentada por los servicios jurídicos de la red ante la Oficina de Conflicto de intereses, será continuada, cuando se falle, “ante el ámbito contencioso administrativo por considerar que impugna todos los procesos y para buscar consolidar una doctrina que garantice que las instituciones públicas no usan canales que son financiados por toda la ciudadanía para satisfacción de uno de sus contratistas privados”, añaden.
La Red, además, también ha asegurado que en el centro de emergencia, acogida y derivación de Alcalá de Henares hay menores de edad conviviendo con adultos “sin que el Ministerio haya dispuesto vías para derivarlos”, tal y como recoge un artículo del diario El País con fecha 2 de enero.
Cabe recordar que este dispositivo entró en funcionamiento el pasado mes de noviembre en el Acuartelamiento Primo de Rivera, cuando recibió a las primeras 264 personas, si bien su capacidad máxima se sitúa en unas 1.200. Se trata de una medida que puso en marcha el Gobierno para dar salida a la situación de emergencia que viven las islas Canarias tras el repunte migratorio registrado en los últimos meses, pues el archipiélago no cuenta con los medios necesarios para dar respuesta a las personas migrantes que llegan en embarcaciones precarias jugándose la vida para tratar de tener un mejor futuro.
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