Vivienda: una historia interminable | Por Santiago López Legarda

• Sinceramente no creo que la nueva Ley por el derecho a la vivienda aprobada  en el Senado hace unos días vaya a resolver este problema que hemos creado entre todos.

Escribo estas líneas cuando falta una semana para las elecciones municipales y autonómicas. Y las escribo con el escepticismo de quien ya ha visto o vivido unas cuantas convocatorias,  y ha podido comprobar que el resultado de las mismas no ha conseguido cambiar sustancialmente el modelo económico y social en que nos ha tocado vivir. Y no es que sea un mal modelo este que tiene como reinas indiscutibles la libertad, la propiedad privada y la iniciativa individual. Lo que pasa es que se generan unas desigualdades que vienen a ser como llagas purulentas que nos brotasen en diferentes partes del cuerpo. Bástenos saber a los madrileños que a tan solo 13 kilómetros del despacho de nuestra Presidenta regional existe una cosa llamada Cañada Real. En Francia, a una cosa similar a la Cañada los medios de comunicación dieron en bautizarla como “la Jungla de Calais”.

La vivienda es uno de esos aspectos en el que las desigualdades resultan más hirientes. Si yo fuera un ardiente defensor de las virtudes del libre mercado para cubrir las necesidades humanas, creo que, en vista de lo que ha pasado en España con el mercado de la vivienda, sentiría la tentación de hacer lo mismo que hizo Séneca en la Roma imperial. Les voy a poner un ejemplo muy local para que vean gráficamente lo que quiero decir. En 1982, año del mundial de fútbol en España, el alquiler de un piso de tres habitaciones en la plaza de San Francisco de Asís, justo a la espalda de la iglesia de Reyes Católicos, costaba 8000 pesetas mensuales, que venían a ser una séptima o sexta parte de lo que podía ganar un auxiliar administrativo. Pregúntense cuánto gana hoy un auxiliar administrativo y qué parte de su salario tendría que dedicar al alquiler de un piso en la misma plaza.

¿Qué ha pasado a lo largo de estos años? A mi juicio, como ya escribí en otra ocasión, hemos asistido a una silenciosa conspiración de los pudientes contra los necesitados; pero no crean que cuando hablo de pudientes estoy pensando en los grandes potentados que compran propiedades inmobiliarias por todo el globo terráqueo, como nuestro querido compatriota Amancio Ortega. No, estoy pensando en los millones de ciudadanos que, con gran esfuerzo y no pocos sacrificios, consiguieron acumular unos ahorros y vieron que no había mejor refugio ni inversión más rentable que la vivienda. Y el resultado ha sido que entre todos, soplando con unánime entusiasmo en la misma dirección, hemos conseguido inflar un globo que se nos ha ido a la estratosfera. Vuelvo por un momento a los datos: según el Instituo Nacional de Estadística, la inflación acumulada entre el citado 1982 y abril de este año asciende a un 383%. Esto significa multiplicar casi por 5 los precios después de un crecimiento medio anual cercano al 4%. Es muy posible que en este largo periodo el crecimiento medio de los salarios haya sido similar a la inflación, aunque desde la crisis de 2008 para acá ha sido inferior. Sin embargo, el precio de la vivienda, tanto la compra como el alquiler, se ha multiplicado por 8 ó 10 veces o incluso más. De ahí viene el esfuerzo a veces sobrehumano que hay que hacer para acceder  a una vivienda. Todo esto ha ocurrido, claro está, en un contexto de libre mercado y sin que las autoridades públicas hayan hecho gran cosa para ponerle remedio.

Y quiénes son esos necesitados contra los que silenciosamente han conspirado los pudientes? Yo creo que podemos estar de acuerdo en que básicamente son los jóvenes, los inmigrantes y los trabajadores que necesitan cambiar de residencia para aprovechar alguna oportunidad de empleo. Y también estaremos de acuerdo en que hay un cierto porcentaje de necesitados que pueden sentir que el problema no va con ellos, puesto que son hijos o herederos de los pudientes. De modo que el problema del acceso a una vivienda digna en realidad afecta, a día de hoy, a una minoría de la población, pero deberíamos recordar que la democracia es el régimen político en el que gobiernan las mayorías, pero respetando y protegiendo los derechos tanto de las mayorías como de las minorías. Y uno de los derechos que consagra nuestra Constitución, recordémoslo una vez más, es el acceso a una vivienda digna.

Sinceramente no creo que la nueva Ley por el derecho a la vivienda aprobada  en el Senado hace unos días vaya a resolver este problema que hemos creado entre todos. Pero es un intento loable de ayudar a los necesitados sin perjudicar a los pudientes. En definitiva, la búsqueda de un poco de justicia social, ese concepto tan anticuado que figura en algunas encíclicas papales y que según nuestra Presidenta regional es un invento de la izquierda para traer la ruina a las sociedades libres.

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