El fondo y las formas | Por Santiago López Legarda

• Para mucha gente estos forcejeos en las altas cumbres de nuestras instituciones políticas resultarán incomprensibles o muy alejados de las preocupaciones de la vida cotidiana.

Es unánimente compartida la idea de que en la democracia y en lo que solemos llamar un estado de derecho las formas, el respeto por los procedimientos establecidos, es tan importante como el fondo de la cuestión que se debate o el objetivo que se busca. En la democracia el fin no justifica los medios. Desde este punto de vista que nadie discute, podríamos decir que en toda la escandalera ocasionada por la reforma judicial las formas empleadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez han sido regulares tirando a malas. Pero las formas del PP y sus aliados en los órganos de gobierno de la justicia han sido pésimas.

La guinda del pastel la han puesto esos magistrados del Tribunal Constitucional, entre ellos el Presidente, con el mandato caducado que no han tenido a bien ni siquiera considerar la posibilidad de abstenerse en un pleito del que dependía su continuidad en unos puestos para los que fueron designados por los gobiernos del Partido Popular. No han tenido empacho en ser jueces y parte de la cuestión que se debatía cuando el sentido común y la propia jurisprudencia del Constitucional indican que nadie debe ser juez y parte en ningún contencioso. Naturalmente, la refinada formación jurídica que ha llevado a estos señores a tan altas responsabilidades les permite revestir con mucha palabrería leguleya unas actitudes que rechazaría cualquier ciudadano con dos dedos de frente.

Sabemos positivamente que la mayoría de la magistratura española es de tendencia conservadora mientras que la ciudadanía elige cada cuatro años un Parlamento, sede de la soberanía nacional, que unas veces se inclina hacia la derecha y otras hacia la izquierda. ¿Tenemos que resignarnos a que el gobierno de los jueces y la interpretación de nuestra Carta Magna respondan siempre a los intereses y la ideología de la derecha, sea cual sea el resultado electoral? La respuesta que el PP y sus adláteres en el mundo de la judicatura desearían escribir en letras de mármol parece copiada de aquel mensaje que las almas encontraban a las puertas del infierno de Dante: Abandonad toda esperanza.

La prensa conservadora ha presentado las iniciativas parlamentarias del Gobierno como un intento de “asaltar” el Consejo del Poder Judicial y el Constitucional, cuando de lo que se trataba únicamente era de forzar una renovación de cargos que el Partido Popular y sus aliados en la judicatura han bloqueado contumazmente durante cuatro largos años. Lo único que cabe reprochar al Ejecutivo de Pedro Sánchez es que haya dejado pasar todo ese tiempo para después lanzarse a toda prisa por atajos legislativos que han desembocado en un callejón sin salida. Pero la cuestión de fondo era clarísima: la renovación era y es un mandato constitucional ineludible, que debe cumplirse con arreglo a las normas establecidas en las leyes del Poder Judicial y del Constitucional; renovación que habría ocasionado, en efecto, un cambio de mayorías en los órganos supremos del poder judicial. Y contra ese cambio el Partido Popular y sus peones de brega en la judicatura y en los medios de comunicación han puesto pies en pared.

Según ellos, se trataba nada menos que de salvar la democracia española de las intenciones totalitarias de Pedro Sánchez y de impedir sus planes para destruir España con toda clase de cesiones a los independentistas. Debemos reconocer a los portavoces de este conglomerado conservador una cierta habilidad “goebelsiana” porque han repetido sus mentiras una y mil veces hasta conseguir que una buena parte de la ciudadanía las acepte como verdades.

Para mucha gente estos forcejeos en las altas cumbres de nuestras instituciones políticas resultarán incomprensibles o muy alejados de las preocupaciones de la vida cotidiana. Pero cabe recordar que llueve sobre mojado y que los problemas políticos más graves a los que España ha tenido que enfrentarse en lo que llevamos de siglo se deben precisamente a esa intransigencia con la que nuestra derecha se niega a perder el control de los órganos judiciales.

Antes de la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña el Partido Popular también se había negado a la renovación del mismo; y lo más incalificable es que impugnaron ante el alto tribunal muchos artículos cuya copia literal habían incluido ellos mismos en otros estatutos de auotonomía, singularmente el de la Comunidad Valenciana. El nuevo Estatuto de Cataluña, luego de ser aprobado en el Parlamento, había sido refrendado por el electorado catalán en 2006. Cuatro años después se conoció la sentencia y después se produjo la radicalización que desembocó en los sucesos de 2017.

A la luz de todo lo acontecido, entonces y ahora, no podemos negar el amor de los populares por la patria común de todos los españoles, pero siempre se ha dicho que hay amores que matan.

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