Bloqueo e insaculación | Por Santiago López Legarda

Yo creo que la culpa de la situación tan insostenible que se da en el poder judicial la tiene el Partido Popular, que a lo largo de toda la legislatura no ha hecho otra cosa que buscar excusas de mal pagador para negarse a pactar con el PSOE y el Gobierno los nombres del nuevo Consejo.

Foto de Agencias
  • Quizás no sería tan descabellado buscar una solución permanente a este problema en el legado democrático que nos dejó la Grecia clásica.

 

  • Santiago López Legarda es un periodista alcalaíno que ha ejercido en diferentes medios nacionales.

Dado el bloqueo, al parecer irresoluble, en la obligada renovación del Consejo General del Poder Judicial, he recordado estos días con cierta melancolía el espíritu de acuerdo y consenso que dominó nuestra vida política en los albores de la democracia. Los españoles, tan dados históricamente a los extremos, conseguimos entonces asombrar al mundo con un cambio absolutamente pacífico que nos llevó desde la dictadura a la democracia. Y hoy en día vamos camino de producir el mismo asombro por nuestra incapacidad para cumplir el mandato constitucional sobre la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Está claro que los parlamentarios actuales, elegidos por los españoles en noviembre de 2019, serían incapaces de elaborar una Constitución ni siquiera parecida a la de 1978, con todos los defectos o carencias que ésta pueda tener. Yo creo que la culpa de la situación tan insostenible que se da en el poder judicial la tiene el Partido Popular, que a lo largo de toda la legislatura no ha hecho otra cosa que buscar excusas de mal pagador para negarse a pactar con el PSOE y el Gobierno los nombres del nuevo Consejo. A mí esto me parece una verdad objetiva, pero comprendo que haya millones de ciudadanos que no lo ven así y creen que la culpa del no acuerdo, como la culpa de todos los problemas que hoy sufre nuestra sociedad, es del Gobierno de Pedro Sánchez. Y puede que ahí resida una explicación de lo que está pasando: los ciudadanos, a través de las encuestas y de los titulares de prensa que presuntamente reflejan los estados de opinión, estamos enviando hacia arriba el mensaje de que los culpables del bloqueo no serán castigados en las urnas. Es más, parece que la mayoría prefiere que no haya ningún tipo de acuerdo antes que ver o percibir a los suyos dando el brazo a torcer frente a los adversarios. Mal síntoma, malísimo, queridos lectores de ALCALÁ HOY.

Conviene recordar por qué hace falta que las dos principales fuerzas políticas del Parlamento español se pongan de acuerdo: porque el legislador estableció una mayoría de tres quintos y no una mayoría absoluta o una mayoría simple para elegir a los componentes del CGPJ. Una medida prudente para evitar un sesgo demasiado partidista en la composición del gobierno de los jueces. Pero ya se ve que cuando no hay voluntad de acuerdo por una o por ambas partes la cosa se complica extraordinariamente.

El líder del Partido Popular, luego de las enormes presiones que le habían llegado desde su propio territorio, rompió lo que se había apalabrado y aseguró que “en el futuro habrá acuerdo, pero no con este PSOE”. Bien, con la misma legitimidad, o la misma caradura, los dirigentes socialistas, en caso de perder las próximas elecciones, podrían decir “en el futuro habrá acuerdo, pero no con este PP”. Llegaríamos así a lo impensable, al bloqueo infinito en uno de los poderes básicos del Estado.

Quizás no sería tan descabellado buscar una solución permanente a este problema en el legado democrático que nos dejó la Grecia clásica. Recuérdese aquella asamblea de los 500 que eran elegidos cada año entre los ciudadanos mayores de treinta años. La aplicación de ese principio nos llevaría aquí a un sorteo cada cuatro años entre los jueces y juristas de reconocido prestigio que hubieran expresado su deseo de formar parter del CGPJ y hubieran pasado una especie de examen previo en el Congreso y el Senado para certificar su idoneidad. Por razones estadísticas, este sistema tendería a producir una mayoría conservadora al frente del gobierno de la judicatura, puesto que la mayoría de los jueces y magistrados españoles son, o se presume que son, de tendencia conservadora. Pero también favorecería que los jueces se limitasen a ejercer su función jurisdiccional y evitasen emitir públicamente opiniones susceptibles de encasillarlos en una u otra tendencia política. Sería entonces la carrera profesional de cada uno y no sus afinidades políticas el criterio fundamental para incluirlo en la lista de aspirantes. En todo caso, el sistema de elección por sorteo me parece preferible al caos actual en que se encuentra una de las instituciones más importantes del Estado; y preferible también al perverso sistema actual en el que por supuesto cuentan los méritos profesionales, pero cuenta aún más la identificación con una determinada tendencia política.

Lo que no me parece idóneo y ni siquiera constitucional es esa idea lanzada por algunos de que “los jueces elijan a los jueces”. Hay que recordar que todos los poderes del Estado emanan de la soberanía popular, que reside en las dos cámaras del Parlamento. De ningún modo sería aceptable un sistema de elección que desembocase en la creación de un poder autónomo y ajeno a la citada soberanía popular.

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1 Comentario

  1. Desgraciadamente una persona sujeta a un ideario político nunca podría analizar objetivamente la situación de la judicatura, sobre todo teniendo en cuenta que carece de los elementos materiales para conocer la situación que en estos momentos se están dando. Es innegable que los partidos políticos quieren mantener a los jueces a su recaudo. Fue Felipe González quien cambió la forma de elección, sin que después ningún dirigente posterior se atreviese a volver a la etapa anterior ya que le convenía para sus intereses. El Sr. López Legarda acusa al Partido Popular de obstruir las diferentes reformas omitiendo que el presidente del Gobierno de una forma dictatorial ha intervenido la Fiscalía del Estado queriendo imponer a magistrados ajenos a la Constitución y a la Unidad de España. Es manifiesto que la izquierda quiere dividir a los españoles, lo hace con la economía, la ley de “memoria democrática” y demás leyes ajenas a la realidad de los españoles. Los datos económicos de los organismos independientes cada vez son peores comparados con los países de la Unión Europea, pero aquí parece que solo preocupa lo del CGPJ, eso que parece que se habla en el metro. Es normal que el Sr. López Legarda acuse a partidos constitucionalistas de todos los males de los españoles, en su idiario solo cabe una dictadura del proletariado, pero para bien o para mal estamos en 2022. Que cada cual aguante su vela.

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