Límite de temperaturas a 27 grados y apagón de escaparates: primeras medidas de ahorro energético que entran en vigor

La nueva normativa aprobada por el Gobierno se aplicará este miércoles al interior de los establecimientos habitables que se encuentren acondicionados y situados en los edificios y locales destinados al uso administrativo, cultural, comercial, hostelería y transporte de personas.

Foto de Pedro Enrique Andarelli
  • Todas estas iniciativas tendrán una vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023.

Limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles, así como apagar las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22.00 horas serán las primeras medidas que entrarán en vigor este miércoles.

Así figura en el primer paquete de medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno para reducir rápidamente el consumo de energía con el objetivo de cumplir con los compromisos europeos derivados del conflicto en Ucrania. En el caso de todas estas iniciativas tendrán una vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023.

Centros sanitarios y hospitalarios, de formación (colegios, universidades o guarderías), peluquerías, lavanderías, gimnasios y los medios de transporte en sí (trenes, aviones, aeropuertos, barcos…) quedarán excluidos de la obligatoriedad de limitar la temperatura, para no bajar de los 27 grados en verano ni superar los 19 grados en invierno.

También quedan exentos aquellos centros donde sean necesarias exenciones por las especificidades del sector, así como en el caso de hoteles, las habitaciones, que son de regulación privada. En el resto del hotel (por ejemplo restaurantes, cafetería, espacios comunes) sí se aplicaría.

De esta manera, los límites de temperatura establecidos se aplicarán al interior de los establecimientos habitables que estén acondicionados, situados en los edificios y locales destinados a uso administrativo (incluyendo plantas o zonas de oficinas, vestíbulos generales y zonas de uso público), comercial (tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales y similares) y cultural (teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones y similares), así como en establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas, restauración (bares, restaurantes y cafeterías) y transporte de personas (estaciones y aeropuertos).

No obstante, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, precisó el viernes que bares y restaurantes pueden limitar el uso del aire acondicionado al «entorno de los 25 grados», teniendo en cuenta las recomendaciones de la legislación laboral, frente a los 27 grados que contempla el real decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno.

En este sentido, aclaró que los 27 grados se aplicarán «con flexibilidad» y puso como ejemplo que discotecas, cocinas y gimnasios necesitan una temperatura distinta a otros espacios como una librería.

«No se puede pedir a trabajadores que están en condiciones de ejercicio físico importante que no tengan las condiciones que el derecho laboral garantiza con respecto a los máximos y mínimos de temperatura», aseguró Ribera en declaraciones a Onda Cero.

Por ello, los comercios y establecimientos deberán justificar cuándo no aplican el límite de temperatura en el termostato, una flexibilidad incorporada en el decreto ley para proteger los derechos de la salud laboral de sus trabajadores.


El apagado no afectará al alumbrado de monumentos

En lo que respecta al apagado de alumbrado de escaparates, el horario de apagado desde las 22.00 horas se aplicará exclusivamente al alumbrado de escaparates y de edificios públicos que a dicha hora estén desocupados. Así, no se aplicará al alumbrado ornamental de monumentos (salvo que sean edificios públicos que a dicha hora estén desocupados).

En lo que se refiere a la instalación de cartelería, señales y pantallas, los edificios a los que aplica la limitación de temperatura deberán informar, mediante carteles informativos o el uso de pantallas, las medidas de aplicación que contribuyen al ahorro energético relativas a los valores límites de las temperaturas del aire, así como información sobre temperatura y humedad (deben disponer de termómetros visibles a los usuarios del edificio), apertura de puertas o regímenes de revisión y mantenimiento.

También pueden informar de otras medidas que estén adoptando voluntariamente y los carteles deberán ser visibles desde la entrada o acceso de los edificios. La fecha de inicio de la medida es al mes desde la publicación de la normativa en el BOE, es decir, el próximo 2 de septiembre y estará vigente, en principio, hasta el 1 de noviembre 2023.

Respecto a la obligación de disponer de un sistema de cierre de puertas adecuado, se aplicará en edificios y locales con acceso desde la calle, destinados a los mismos usos que a los que se aplicaría el límite de temperatura.

En esta medida, no se consideran exclusiones, salvo que la legislación de seguridad que aplique al edificio o local impida cumplir esta obligación. La fecha para adaptarse es antes del 30 de septiembre y no tiene fecha fin para su cumplimiento.


Sanciones de 60.000 euros


Los espacios comerciales, edificios públicos, espacios culturales y hoteles que incumplan el plan de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno afrontarán multas de hasta 60.000 euros por infracciones leves, de hasta seis millones de euros por las graves y de hasta 100 millones de euros por las muy graves.

Fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han explicado que las sanciones que se aplicarán serán las recogidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), dispuestas a su vez los artículos 30 a 38 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, sobre infracciones administrativas.


La Comunidad de Madrid recurrirá el decreto con las medidas de ahorro energético del Gobierno

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recurrirá ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto por el que establece un plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización. Su argumento es que «no cumple las expectativas» que el ejecutivo regional había depositado en estas medidas de ahorro. El anuncio se ha producido tras la reunión de la vicepresidenta Teresa Ribera y la ministra Reyes Maroto con los consejeros de las comunidades autónomas, en las que las gobernadas por el PP han insistido en la retirada del decreto.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree por su parte que el Gobierno debería tener «sensibilidad suficiente» para que el real decreto de ahorro energético no afecte ni a la campaña de Navidad, ni al alumbrado en la capital porque, según señala, su coste y consumo de energía es «ínfimo».

Así lo ha expresado en una entrevista en RTVE, justo después de que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, confirmara, tras la reunión mantenida con las comunidades y la Federación de municipios (FEMP), que el Gobierno no retirará el decreto de ahorro energético, que entra en vigor este miércoles.

El Partido Socialista de Madrid se ha pronunciado en torno a la postura adoptada por el Ayuntamiento de la capital en referencia a la aplicación de las medidas de ahorro energético. Mar espinar, su portavoz, lo tiene claro, y es que: «o nos comprometemos con el ahorro energético o no lo hacemos». Sentencia que en este asunto «no hay punto medio» y tacha de «demagogia» el no posicionarse o hacerlo en contra.

El secretario general del PSOE de Madrid y portavoz socialista en la Asamblea, Juan Lobato, se ha dirigido por carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso para pedirle una reunión urgente y así, conocer el resultado de la reunión de ayer con los Ministerios y para saber si en la Comunidad de Madrid hay algún plan para adaptarse al plan europeo de ahorro energético.

“No tenemos ninguna comunicación sobre los planes de la Comunidad de Madrid para contribuir a tal objetivo, ni los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid ni los 179 municipios de la Comunidad de Madrid”.

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