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La Comunidad de Madrid ha reconocido que Tomás Díaz Ayuso cobró 283.000 euros de la empresa Priviet Sportive en cuatro pagos.
La investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción en forma de diligencias de investigación penal debido a la contratación durante la primera ola de la pandemia de COVID-19 a la empresa Priviet Sportive, para proporcionar 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros, avanza en el Ministerio Público.
Según fuentes del procedimiento, ya ha sido solicitado un informe a la Intervención General de la Administración del Estado para analizar si se ha producido alguna irregularidad en la adjudicación, y también va a pedirse información bancaria que acredite cómo, cuánto y en concepto de qué fueron ejecutados los pagos, así como las facturas tanto de la administración contratante como de la empresa adjudicataria y del hermano de Díaz Ayuso, que hizo las labores de intermediario o comisionista en la operación.
La Comunidad de Madrid ha reconocido que Tomás Díaz Ayuso cobró 283.000 euros de la empresa Priviet Sportive en cuatro pagos, aunque solo uno de ellos, por un importe de 55.850 euros más IVA, se correspondería con el polémico contrato, según el ejecutivo regional.
El objetivo de la citación
Una vez ejecutadas estas pesquisas y otras que permanecen bajo secreto, que pueden postergarse varias semanas, la Fiscalía Anticorrupción, según las mismas fuentes, tiene la intención de citar en su sede de la madrileña calle de Manuel Silvela tanto al gerente de la adjudicataria Priviet Sportive, Daniel Alcázar, como a Tomás Díaz Ayuso, amigo personal y hermano respectivamente, de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El objetivo de estos interrogatorios para los que aún no hay fecha es saber cómo y por qué un empresario sin experiencia en la materia accedió a esa contratación, quién y de qué forma le comunicó que podía acceder a los trámites, y qué papel jugó en la operación, por qué cobró y cuánto el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Llegar “hasta el fondo” del caso
Tanto Daniel Alcázar como Tomás Díaz Ayuso comparecerán con los mismos derechos y obligaciones que los de un imputado judicial. Tienen derecho a guardar silencio o incluso a mentir, y están obligados a acudir a la citación e incluso pueden ser detenidos si se niegan a hacerlo. La Fiscalía pretende llegar “hasta el fondo” del caso, según fuentes del Ministerio Público, y en este sentido practicará “todas las pruebas necesarias”. Además, el resultado de sus declaraciones y de las otras diligencias que se ejecuten en ese acto, serían utilizadas en el caso de que con posterioridad la Fiscalía presentase una querella y fuera abierto un procedimiento judicial.
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