- El anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración lanzado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso afecta a la práctica totalidad de las áreas de gobierno.
Publicado el anteproyecto el pasado 23 de diciembre y declarada su intención de tramitarlo por procedimiento de urgencia, se dio de plazo hasta el 3 de enero para formular alegaciones. En palabras de la portavoz de Unidas Podemos en el municipio alcalaíno, dicho plazo incumple los requisitos de información y participación ciudadana previstos por la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la coincidencia con las fechas navideñas resulta escandalosa. Los diez días de plazo por lo tanto quedarían del 24 de diciembre al 3 de enero. “Se trata de un intento evidente de colar un anteproyecto de ley de mucho alcance en condiciones que podríamos denominar de cuele navideño, ya que en los diez días estipulados para la formulación de alegaciones se incluyen nada menos que cuatro festivos, parece más bien un intento de pasar desapercibido y colar este anteproyecto en plenas fiestas” señala Teresa López.
La pretensión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de tramitar por el procedimiento de urgencia, se debe a que se trata de una Ley que afectará a no menos de una decena de aspectos económicos y administrativos de gran calado.
De igual manera, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala como imprescindible garantizar de modo adecuado la audiencia y participación de la ciudadanía en la elaboración de las normas, “algo que en absoluto se cumple con los plazos en los que se presenta el anteproyecto” comenta la concejala de Unidas Podemos.
“Esta Agencia no solo podría, sino que supondrá, un nuevo ataque a la sanidad pública madrileña”.
Este anteproyecto afecta a la práctica totalidad de las áreas del Gobierno regional, provocando diversos cambios legales en materia del juego, educación, suelo, sanidad, transparencia, deporte, transportes, entre otras.
Según señala Teresa López Hervás: “Con la aplicación de este anteproyecto se concede al Consejo de Gobierno Regional poder de, por ejemplo, modificar los límites establecidos de los anexos cartográficos de la correspondiente ley declarativa y elimina la necesidad de obtener autorizaciones medioambientales para realizar actividades como la caza, la pesca o la instalación de tendidos aéreos, eléctricos y telefónicos por poner algunos ejemplos”.
Una de las múltiples medidas que contiene esta Ley, es la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria, que se presenta como “un nuevo ente público, con plena capacidad jurídica y de obrar, autonomía de gestión, patrimonio y tesorería propios” y que actuará “con sometimiento al Derecho Privado”. “Lo que aquí pretende Ayuso es crear un organismo independiente que podrá constituir o participar en cualquier entidad que adopte la forma de sociedad mercantil” apunta la portavoz de Unidas Podemos en Alcalá de Henares, y prosigue: “Esta Agencia no solo podría, sino que supondrá, un nuevo ataque a la sanidad pública madrileña”.
Algunas reacciones ya se han hecho notar, y desde la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) se ha hecho pública su reacción respecto a la voluntad de aprobar, también ellos hablan de “nocturnidad y alevosía” del anteproyecto. Y han anunciado también su reclamación a la Comunidad de Madrid de 2.500 millones de euros “por los daños derivados de la modificación ‘encubierta y sin comunicación’ de la Ley de Transportes”, una de las afectadas en el anteproyecto de Ley.
La pretensión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de tramitar por el procedimiento de urgencia, y “con plazos ridículamente cortos”, este anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración, nos lleva a hacer un llamamiento a la sociedad en general para exigir la retirada del anteproyecto.
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