¿Qué pasa con la Vivienda Pública de Alquiler? | Por Teresa Galeote Dalama

El ministro de Trasporte, Movilidad y Agenda Urbana afirma que se reducirá el tributo, hasta el 90%, a los arrendadores de viviendas que rebajen un 10% el precio del alquiler. Con dicha solución, el gobierno considera que ha resuelto el problema de quienes no pueden pagar los alquileres que el libre mercado marca.

Foto de Pedro Enrique Andarelli
  • Las declaraciones del ministro José Luis Ábalos, sobre los alquileres, ha sido como echar un jarro de agua helada a quienes necesitan una propuesta que solucione la grave situación de la vivienda en nuestro país.

 

  • Teresa Galeote Dalama es escritora: Los días largos, Momentos que no se olvidan, El grito, El eco de las Palabras y Daños colaterales, forman parte de su obra literaria.

 

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una sesión de control al Gobierno. EFE

El ministro de Trasporte, Movilidad y Agenda Urbana afirma que se reducirá el tributo, hasta el 90%, a los arrendadores de viviendas que rebajen un 10% el precio del alquiler. Con dicha solución, el gobierno considera que ha resuelto el problema de quienes no pueden pagar los alquileres que el libre mercado marca. Craso error, ya que algunas personas ni siquiera pueden pagar los precios que se consideran más bajos: los 600/700 euros que deben pagar absorbe gran parte de su salario, sobre todo si han de vivir con los 950 euros establecidos en el salario mínimo. Pero las leyes del neoliberalismo mandan, y son las que reciben los parabienes de las diferentes administraciones públicas.

A pesar de que son miles de personas las que no pueden pagar el alquiler, el gobierno no contempla otra solución que la mencionada; no se para a pensar que rebajar ese mágico 10% no resolverá la precariedad en la que se encuentran multitud de familias. Y qué decir de gran parte de la juventud que no logra independizarse, a no ser que comparta piso con una o más personas. En este sentido, bebemos preguntarnos, ¿qué pinta el artículo 47 de la Constitución?, el cual afirma:

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”

Parece que en España no cabe la solución ya establecida en países de nuestro entorno europeo, como es la vivienda pública de alquiler. Y a las pruebas me remito: el porcentaje de pisos bajo dicho régimen en nuestro país es de un insignificante 2,5%, encontrándose a gran distancia de Francia e Inglaterra con el 17%, de Holanda y Dinamarca con un 30%, incluso Irlanda está muy por encima de España con el 8%. Visto lo visto, debemos preguntarnos si el gobierno quiere garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna, o quiere seguir deduciendo tributos, con dinero público, a quienes rebajen ese simbólico 10% que anuncia.

En España, la falta de vivienda pública de alquiler no es nueva. Ningún gobierno de nuestro país pensó en crearlo porque todos han estimulado el acceso a la propiedad, ya sea con ayudas fiscales a la compra, promoviendo viviendas de protección oficial o de promoción pública directa, que a la larga acabaron en el mercado privado. Y todo ello arropado por una euforia constructora, que durante años fue unos de los principales motores de nuestra economía.

Según el estudio comparativo más reciente entre países europeos, elaborado por Housin Europe, Federación Europea de Vivienda Social Pública y Cooperativa, en 1960 el alquiler social contaba con un raquítico parque público del 2%, que siguió con el mismo porcentaje hasta 1999, siendo en 2017 cuando subió al 2,5%. Si tenemos en cuenta que la media europea en viviendas sociales ronda el 11%, comprobamos el gran déficit que tenemos en nuestro país de dichas viviendas. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), apuesta claramente por esta modalidad para hacer frente a la necesidad de multitud de personas.

El pasado junio, Eurostat nos ofrecía datos comparativos con países europeos que dejaba a España muy mal parada. Nuestro país es uno de los cuatro países de la Unión Europea, junto a Rumanía, Estonia y Grecia, donde el dinero destinado a la vivienda de alquiler supone un esfuerzo considerable para la economía de las clases más desfavorecidas. Veamos. Cuando la media europea destina al pago del alquiler el 27% de sus ingresos, el 43,3% de los arrendatarios españoles destinan más del 40% a dicha necesidad, mientras que en Alemania se destina el 22,8%, y en Francia tan solo el 14,9%. La gran diferencia de España con países de nuestro entorno, en materia de alquileres, deja con el agua al cuello a miles de arrendatarios, y sumamos a la presión del 40% en vivienda la alta factura de la luz, la situación se agrava aún más. Y es que el mercado manda en todos los sentidos, como si fuese un designio divino.

Y llegado a esta suma y sigue en la precaria economía de cientos de miles de personas, ¿qué queda para alimento? ¡Pues la caridad!; siempre nos quedará la caridad para sustituir la justicia y la Constitución: las colas del hambre han aumentando considerablemente, aunque se tenga trabajo, o ese Ingreso Mínimo Vital de 462 euros, que solo llegó a una parte de quienes lo necesitan, porque el camino es lento y lleno de obstáculos burocráticos.
Pero ¿de dónde partimos? Los altos alquileres privados condujeron a comprar viviendas, ya que una mensualidad de alquiler equivalía, (aproximadamente) a la letra de la hipoteca. Muchas personas la compraron para habitarlas, a costa de firmar hipotecas de larga duración, (20, 25 años), y quienes disponían de dinero se hicieron con ellas para especular. Y tanto se infló la burbuja inmobiliaria que terminó estallando. Las consecuencias: impagos de constructoras, derrumbe de las Cajas de Ahorro… Y qué decir del impago de las hipotecas de tantas familias, (algunas monoparentales) que vieron como su proyecto de vida se derrumbaba como un castillo de naipes, creando con ello un gran problema, no solo habitacional, sino de sufrimiento, depresiones y algunos suicidios.

Ahora se presenta la burbuja de los alquileres y, lejos de dar una solución a tan gravoso problema, el gobierno se inclina por favorecer la desgravación fiscal a los arrendadores. La venta de 5.000 viviendas sociales a los fondos buitre, por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, supuso la guinda de un pastel que solo reparte porciones entre los que más tienen, dejando a quienes lo necesitan en la calle o conviviendo con familiares, como solución de urgencia.

En materia de vivienda no valen medias tintas. Es necesario y urgente un parque de viviendas públicas de alquiler, a precios asequibles, máxime cuando los problemas causados por las reiteradas crisis han agravado la vida de multitud de familiar. El problema de la vivienda no se soluciona dando beneficios fiscales que revertirán, en mayor medida, en los grandes tenedores de viviendas. Los gobiernos autonómicos son los que tienen las competencias en vivienda, aunque el gobierno central debe facilitar los instrumentos necesarios que lo permitan. Son ellos los que deben resolver el problema de quienes se encuentran en una situación vulnerable, pero ¿querrán cumplir el artículo 47 de la Constitución?, a pesar de llamarse constitucionalistas.

 

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