- Después de votar en contra de la adhesión al acuerdo sobre el remanente de tesorería.
En 1985 fue declarada Asociación de Utilidad Pública mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de junio. La propuesta llega después de que los ediles de Vox votaran en el pleno extraordinario del 2 de septiembre en contra de la adhesión de Alcalá al acuerdo de la propia FEMP con el gobierno de España sobre la utilización de éste de los remanentes de tesorería, es decir, el ahorro de los ayuntamientos, por parte del propio gobierno central en el actual contexto de crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus.
Según los ediles de Vox, tal y como reza en su propia web, la FEMP es además la Sección Española del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) y sede oficial de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal (OICI) aunque en estas organizaciones supranacionales debiera representar a las entidades locales el gobierno de España, ya mediante algún órgano del Ministerio de Asuntos Exteriores, ya mediante el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en cuyo oraganigrama contempla una Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública y una Secretaría General de Coordinación Territorial.
Según el portavoz de Vox en el Ayuntamiento alcalaíno Javier Moreno, “la FEMP no contribuye a esta intención garantista de la Constitución y aglutina atribuciones y gestión de dinero público que, de alguna forma, hurta a los municipios y a esta intención garantista el derecho y autonomía que se pretende, constituyendo un auténtico “chiringuito” para la colocación de personal de los partidos produciendo un gasto político ineficiente y superfluo de primer nivel.
Moreno añadió que “a este respecto, la FEMP es un artefacto creado por los grandes partidos que no ayuda a permitir a los ayuntamientos “intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses” tal y como establece la ley, sino que tiene por finalidad intervenir esta autonomía, gestionar en su representación y como contrapeso a la independencia de la gestión de las atribuciones que las leyes nacionales otorgan a las entidades locales.
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