- Araceli, de 70 años, lleva más de 40 años residiendo en su vivienda de Alcalá de Henares.
- Crónica gráfica de Pedro Enrique Andarelli
Paralizado el desahucio de Araceli López, una vecina de Alcalá de Henares, que se decretó porque llevaba 13 años sin pagar el alquiler de su casa por un problema de falta de contrato. Se ha paralizado “por una cuestión técnica: el auto tenía una validez de dos meses y han pasado cuatro, explica el abogado de Araceli, Óscar Tejeda.
Desde muy temprano en la puerta del domicilio se habían instalado numerosos efectivos de la Policía en previsión de que se ejecutase el desahucio, y también han acudido varios vecinos. Tras conocer la noticia de la paralización, Araceli dice que está aliviada y más tranquila. Vive en la calle Núñez de Guzmán de Alcalá de Henares y niega lo que dicen los abogados del IVIMA, porque dice que está dispuesta a negociar.
Su abogado Óscar Tejada dice que intentarán negociar para el pago del alquiler que se debe y que los vecinos han dicho que harán una colecta para recoger el dinero y que pueda pagar.
Desde primeras horas de la mañana se concentraban a las puertas del portal miembros de la PAH del Corredor del Henares, de Vallecas, y Carabanchel junto con más de 20 vecinos para acompañar a Araceli y a su familia, también se ha contado con la visita de la Concejal de Unidas Podemos Izquierda Unida Teresa Lopez Hervás y con David Cobo que se han quedado hasta el final.
La incertidumbre se palpaba en el ambiente mientras Araceli y su hija, permanecían en la vivienda del número 86 de la calle Nuñez de Guzmán custodiada por una treintena de policías nacionales a los que luego se unirían policias locales. Desde primeras horas de la mañana se entraban allí Gillermo Martínez, periodista del diario PÚBLICO, el cronista de ALCALA HOY, así como un equipo de Madrid Directo de Telemadrid y otro de EFE TV .
Por problemas burocráticos
El abogado cuenta que el desahucio se decretó no por falta de impago sino como consecuencia de la falta de contrato de alquiler porque la familia cuando murió el padre hace hace más de una décda no se subrogó a dicho contrato.
Su hija Nerea cuenta que tras un incendio en el antiguo Ministerio de Vivienda se perdieron cientos de documentos entre ellos el de la vivienda de sus padres y que ellos han ido varias veces al IVIMA (actual dueño de la vivienda) para intentar regularizar la situación pero que siempre les decían que ya les enviarían los recibos pero que nunca lo hicieron.
Sin recibir respuesta ni comunicación alguna de la Agencia (el antiguo IVIMA), Araceli se encontró con la desagradable sorpresa de que un juez ordenaba su expulsión del que ha sido durante décadas el hogar de su familia. A los intentos de regularizar la situación y pese a que Araceli ha manifestado reiteradamente que desea pagar un alquiler, la AVS ha contestado enviando a la Policía a desahuciar a una persona anciana, a sus hijos (una de ellas muy enferma) y a su nieta de once años.
El primer intento de desahucio se produjo el 30 de julio. En plena ola de calor y con la pandemia amenazando con un segundo rebrote, la AVS se presentó en la casa de Araceli dispuesta al desalojo. La enorme presencia de activistas y vecinas, así como la negociación que se mantuvo con el inspector, logró frenar este intento y Araceli pudo seguir residiendo en su vivienda.
El segundo intento fue aún más imprevisto. La AVS había acordado la suspensión del desalojo hasta el 7 de septiembre, cuál es la sorpresa que el 24 de agosto intentaron de nuevo expulsar a Araceli y a su familia. Una vez más, la presión de activistas, familiares y vecinas logró una nueva suspensión.
Posible delito contra la salud pública
Pero la situación se ha agravado aseguraba este domingo el abogado de la familia Óscar Tejada en el diario PÚBLICO. “Mi clienta, al haberse visto obligada a buscar una solución habitacional y salir de su casa constantemente contra la recomendación de los médicos, ha empezado a presentar sintomatología compatible con el coronavirus, al igual que una de sus hijas”, relata el abogado de la familia. Los médicos ya han advertido de que esa familia se tiene que poner en cuarentena, y los resultados de las pruebas PCR que se han realizado no estarán listos hasta el mismo lunes del desahucio o el martes, según indica Tejeda.
“En estas condiciones, seguir adelante con el desalojo podría significar que la Administración esté llevando a cabo un delito contra la salud pública al dejar en la calle a una mujer infectada con un menor a su cargo. Yo el lunes ni me voy a acercar a la familia, no sé cómo lo hará la Policía, pero como intenten echarles interpondré una querella criminal a todos los organismos de intervinientes por un delito contra la salud pública”, enfatiza el letrado.
Paralizado el desahucio de Araceli.
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— Telemadrid (@telemadrid) September 7, 2020
Finalmente, hacia las 10.45 horas este tercer intento de desahucio sería paralizado. Al recibir la noticia, todos los presentes lo volvieron a celebrar coreando el «Sí se puede». Desde la terraza de la vivienda Araceli y su hija no podían contener las lágrimas.
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Policías con escudos y escopetas, que nivel de conocimiento en temas de armas del becario aparte de que los vería el porqué “escopetas” no se vio ninguna en ese frustrado desahucio.
Parece que el “becario” es vd. Vuelva a leer la noticia y verá que el texto está entrecomillado porque se trata de una cita de la PAH, así que sobra el tono ofensivo.