- La Plataforma convoca al conjunto de vecinas y vecinos a las 07:00 el próximo lunes 7 de septiembre en la Calle Núñez de Guzmán, 86 en Alcalá de Henares.
Araceli, de 70 años, lleva más de 40 años residiendo en su vivienda de Alcalá de Henares. El antiguo Ministerio de la Vivienda (cuyas funciones pasaron a la actual Agencia de la Vivienda Social – AVS – de la Comunidad de Madrid) adjudicó esta vivienda a su marido en los años 70. Un incendio provocó que cientos de documentos de decenas de familias desaparecieran de sus registros. Hace más de una década, el marido de Araceli murió pero ella ha seguido residiendo pacíficamente en su vivienda en la cual ha criado a sus hijos y a sus nietos.
Sin recibir respuesta ni comunicación alguna de la Agencia (el antiguo IVIMA), Araceli se encontró con la desagradable sorpresa de que un juez ordenaba su expulsión del que ha sido durante décadas el hogar de su familia. A los intentos de regularizar la situación y pese a que Araceli ha manifestado reiteradamente que desea pagar un alquiler, la AVS ha contestado enviando a la Policía a desahuciar a una persona anciana, a sus hijos (una de ellas muy enferma) y a su nieta de once años.
El primer intento de desahucio se produjo el 30 de julio. En plena ola de calor y con la pandemia amenazando con un segundo rebrote, la AVS se presentó en la casa de Araceli dispuesta al desalojo. La enorme presencia de activistas y vecinas, así como la negociación que se mantuvo con el inspector, logró frenar este intento y Araceli pudo seguir residiendo en su vivienda.
El segundo intento fue aún más imprevisto. La AVS había acordado la suspensión del desalojo hasta el 7 de septiembre, cuál es la sorpresa que el 24 de agosto intentaron de nuevo expulsar a Araceli y a su familia. Una vez más, la presión de activistas, familiares y vecinas logró una nueva suspensión.
El próximo 7 de septiembre, tanto Policía como la comisión de la AVS volverá a intentar desalojar a esta familia por tercera vez. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca del Corredor del Henares hace un llamamiento a acudir a defender a Araceli y su derecho a una vivienda digna. La PAH critica la actuación de la Comunidad de Madrid que “pretende dejar en la calle a personas claramente vulnerables en plena pandemia del COVID-19 sin dar opción a un acuerdo o solución, máxime cuando Araceli insiste en que desea regularizar su situación y una institución pública como es la Agencia de la Vivienda Social lejos de actuar como garante del derecho a la vivienda, está haciendo caso omiso de la situación de vulnerabilidad social de una familia”.
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Me da pena la situación de esta señora, pero los que hemos vivido de siempre en este barrio sabemos el tejemaneje de hace décadas que hay entre el ivima, los ocupas y los gobiernos regionales y municipales.
Aprovechando el foco que se pone en este caso, paso a exponer el contexto de muchos de estos problemas:
Mi familia llegó a este barrio en 1978, con vivienda legalmente adjudicada (se daba por apellido, tanto piso como portal), con alquiler con derecho a compra de 50 años (sí, en esa época se hacia así).
Muchos de los inquilinos de entonces vendieron de forma ilegal sus viviendas a tercera personas (algunos incluso al año), las cuales, con esos contratos ilegales, intentan hacer ley. De hecho hace más de 25 años el ivima les dio la posibilidad de
regular su situación, lo cual hicieron algunos de ellos, pero otros prefirieron, por desconocimiento o por ventajismo, dejarlo estar (con vivienda adjudicada perdías otras ayudas).
De hecho, ante este abandono y falta de contundencia del ivima, hubo más compraventa y ocupación de locales y pisos, algunos con acciones violentas, e incluso con peligro para el resto de vecinos (amenazas, enganches ilegales a electricidad y gas
-con muchos sustos e intervención de bomberos-).
Muchos vecinos nos hemos intentado oponer a ello, pero sabemos que somos el estercolero de la comunidad de Madrid (con conchavismo del ayuntamiento). Sólo se han acordado de nosotros cuando hay elecciones o casos de deshaucios como éstos.
Por lo demás el barrio cada día está peor.
Esta familia no dudo que tenga derecho a una vivienda, pero lo que no se puede aceptar es que mientas a unos les apoyan y “promocionan”, a los demás nos deján ahogarnos en la miseria.
Si está gente tiene derecho a estar ahí, que se les defienda. Pero que se actue de igual manera o contundencia hacia los ocupas de los bajos y comerciales que asisten entre risas a estas acciones.
Que razon tienes ¿cuanto okupas hay el los locales que no les dicen nada,claro por que son de etnia gitana y
contra esos poco o nada se meten?,la justicia saben bien a quien se le aplica es de verguenza que los politicos se acuerden siempre cuando hay elecciones son unos esquiroles,yo vivo en el barrio de Espartales por aqui los gitanos hacen los que les da la gana ocupaciones las que les apetece,robos cada dos por tres y hay casoa que les han dado la vivienda y les han comprado los electrodomésticos es de vergüenza que uno este pagando su Hipoteca dignamente y aotros le den una vivienda po pagen comunidad,letra de piso,iBi,y despues les den la paga vital,pero eso si buena ropa buen coche y telefono movil y a vivir la vida a costa de los demas.
Estos politicos lo que les gustan es que no les melesten ellos pide y les dan para callarle la boca,este pais con esta la okupacion y la paga vital no va haber nadie que lo mantenga.