El Gobierno aprueba el Ingreso Mínimo Vital para cerca de 850.000 hogares

El ingreso mínimo vital ya es una realidad tras haber sido aprobado este viernes en el Consejo de Ministros. La medida estrella del pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos corrige uno de los déficits del sistema de protección social español, una 'rara avis' en Europa por no contar con un instrumento estatal de garantía de rentas.

  • Cien mil de estos hogares recibirán de oficio este ingreso mínimo vital, que oscila entre los 460 y los 1.000 euros mensuales en función de quienes compongan el hogar.

El Consejo de Ministros aprueba el ingreso mínimo vital (IMV) que oscilará entre 461 y 1.100 euros mensuales – EFE/ EP

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el ingreso mínimo vital para reducir en un 80% la pobreza extrema en España, agravada en los últimos meses por el coronavirus y de la que ha sido advertida por la Comisión Europea en reiteradas ocasiones.

La cuantía de la medida, que tendrá vocación de permanencia, oscilará entre los 462 y los 1.015 euros en doce pagas y supondrá un desembolso de unos 3.000 millones de euros al año a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, además podrá complementarse con otras rentas salariales y con otras prestaciones de las comunidades autónomas.

Se podrá solicitar a partir del 15 de junio, aunque, para las solicitudes presentadas en los tres primeros meses, se concederá con efectos retroactivos al 1 de junio. Todo ello se podrá hacer a través de la sede electrónica de la Seguridad Social o enviando la documentación por correo ordinario. Además, el Gobierno pondrá en marcha un teléfono 900 para consultar dudas.

Las primeras ayudas empezarán a llegar de oficio la próxima semana a cerca de 100.000 familias en situación de pobreza severa, pero el objetivo del Gobierno es que se beneficien unos 850.000 hogares con 2,3 millones de personas, de los que el 30 % son menores. Según las estimaciones del Ejecutivo, también habrá una incidencia mayor entre los hogares monoparentales, que supondrán el 16 % de los beneficiarios. Dentro de ellos, casi nueve de cada diez están encabezados por mujeres.

 

«Es un dia histórico para nuestra democracia. Hoy nace un nuevo derecho social y es el mayor avance en derechos sociales, por lo menos, desde la aprobación de la Ley de dependencia de 2006», ha asegurado el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La cuantía del ingreso dependerá del número de miembros de cada hogar, ya que se analizarán las rentas en conjunto de cada familia en el año anterior. Parte de los 461,5 euros al mes en doce pagas para un adulto que viva solo y se incrementará en 139 euros al mes por cada hijo hasta un máximo de 1.015 euros, si bien se establece un complemento adicional para las situaciones de monoparentalidad de 100 euros.

La medida está diseñada de forma que completa las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta el umbral garantizado para cada tipo de hogar. Si no se cuenta con rentas, se aseguraría la totalidad del umbral garantizado; pero si se dispone de ellas, se cubriría la diferencia entre el umbral garantizado y la renta ya existente. «Evita la trampa de la pobreza, la situación entre elegir entre salario o prestación», ha explicado el vicepresidente.

Asimismo, es una herramienta que «incentiva conseguir ingresos laborales» ya que si una persona que cobra esta renta mínima, acepta un empleo y gana, por ejemplo, 100 euros más al mes, nunca se le restará esta cantidad, sino «algo menos», ha señalado Iglesias, quien cree que así «se garantiza que siempre resulte conveniente aceptar un empleo».

También para los afectados por la COVID-19

Entre los requisitos para solicitarlo está residir en España, tener entre 23 y 65 años o desde los 18 si hay menores a cargo con un año de residencia legal, haber vivido al menos tres años de forma independiente y cotizado un año, así como estar inscrito como demantante de empleo.

Si bien, se contemplan algunas excepciones como en el caso de los solicitantes de protección internacional, las víctimas de trata de seres humanos o las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, aunque se encuentren en situación irregular.

La medida también tendrá en cuenta los ingresos y el patrimonio. En el primer caso, el nivel de ingresos del año pasado deberán ser inferior a la renta garantizada anual: para una unidad familiar de dos adultos y dos menores no puede superar los 10.500 euros. Asimismo, el vicepresidente ha señalado que aquellas personas afectadas por la COVID-19 y que hayan obtenido este año ingresos inferiores a la renta garantizada, también podrá solicitarlo.

Respecto al patrimonio, se tendrá en cuenta un límite en función del número de personas, siempre restando las deudas y teniendo en cuenta la vivenda. Así, el máximo para una persona será de 16.614 euros y se irá incrementando hasta un máximo de 43.196 euros. El objetivo es evitar el acceso a la ayuda de personas que puedan tener problemas coyunturales de liquidez, pero que cuenten con un considerable patrimonio inmobiliario.

A través de este nuevo programa de prestaciones, el Gobierno pretende acercarse a la media europea de gasto en este tipo de ayudas, que es bastante superior en países de nuestro entorno como Francia o Alemania, donde lleva décadas implementada.

«Creo que como nuestra prestación, al ser más reciente, es mucho más moderna y focalizada, tendrá bastantes más efectos redistributivos que en otros países», ha señalado en rueda de prensa el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.

El vicepresidente segundo, por su parte, ha recalcado que es una medida de eficiencia económica y un instrumento «muy útil» para luchar contra la pobreza infantil y garantizar que todos los niños pueden crecer en hogares con niveles de ingresos mínimos. Además, gracias a esta herramienta se implementará la recuperación económica ya que, según Iglesias, «los recursos no van a paraísos fiscales, sino a consumo», lo cual beneficiará también a empresas y autónomos, «que podrán seguir facturando».

 

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