Miles de interinos se manifiestan en Madrid contra la precariedad y el abuso de la temporalidad del empleo público

Los trabajadores municipales integrantes de la plataforma PITA (Plataforma de interinos y Temporales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares) califican de rotundo éxito la manifestación que ha tenido lugar este pasado sábado 15 de febrero en Madrid para reivindicar la estabilidad de centenares de miles de empleados Públicos en fraude de ley.

Foto remitida por PITA
  • Según los cálculos de los convocantes, la interinidad afecta en toda España a unas 800.000 personas.

Esta convocatoria ha significado un hito histórico para este colectivo de trabajadores precarizados por ser la primera vez que se convoca una manifestación para denunciar una situación que ha venido agravándose a lo largo de las dos últimas décadas: el abuso continuado en la contratación temporal de personal por parte de las Administraciones Publicas.

La Plataforma PITA, surgida el pasado mes de septiembre como tantas otras en los últimos años, se ha sumado a esta convocatoria con la intención de visibilizar y denunciar la precariedad laboral en el sector público. Esta Plataforma integrada por trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Alcalá de Henares hizo un llamamiento a los empleados en fraude de ley de nuestra Ciudad para acudir a este encuentro multitudinario como una oportunidad única para apelar a los principios proclamados en la directiva UE70/99 de igualdad de trato y estabilidad laboral. Todo ello a un mes escaso de que el Tribunal de Justicia Europeo se pronuncie sobre su incierto futuro laboral.

Han sido más de 800. 000 personas afectadas en esta situación de temporalidad los que han sido convocados en todo el país a manifestarse en las céntricas calles madrileñas. Un colectivo que ya representa una tasa cercana al 30% del total de empleados públicos, superior, incluso, a la del sector privado.

El apelativo de contratos o nombramientos en fraude de ley, nos cuentan, viene fundamentado jurídicamente por las causas que determinan nuestras leyes para nombrar o contratar a este tipo de personal, esto es, sólo de manera coyuntural y para la atención de programas o situaciones transitorias y no de manera impropia, para ocupar puestos de trabajos estructurales y permanentes, como viene ocurriendo desde hace décadas.

Nuestras Administraciones, nuestros gobernantes y los grandes sindicatos, según este colectivo, han consentido este abuso y se niegan a que el mismo sea sancionado mediante la estabilidad del trabajador abusado como ordinariamente ocurre en el mundo de la empresa privada. El abuso sobre tantos miles de trabajadores, dicen, es utilizado con el objeto de someter al empleado temporal a peores condiciones laborales y reservarse, al tiempo, un margen suficiente para futuras privatizaciones y ajustes presupuestarios.

Foto de Pedro Enrique Andarelli

Como ya lo hicieran en su manifiesto fundacional, los trabajadores y trabajadoras de PITA rechazan las Ofertas Públicas de consolidación aprobadas en Junta de Gobierno Local el pasado siete de mayo de 2019. Este ERE encubierto, dejará en la calle sin indemnización y sin sanción alguna a muchos trabajadores temporales e interinos, que han venido ejerciendo con probada eficacia sus tareas profesionales durante años, si no décadas, en este Ayuntamiento alcalaíno.

Estos planes de consolidación, no pueden ser una solución suficiente y disuasoria si al final quien fue abusado acaba siendo cesado en su puesto. Argumentación que ya señaló la abogada general de la UE el pasado mes de octubre en un adelanto de lo que puede representar la sentencia del TJUE en el mes de marzo.

Foto de Pedro Enrique Andarelli

De entre los 1500 trabajadores y trabajadoras que componen la plantilla del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, alrededor de 400 son temporales o interinos. Curiosamente, a juicio de estos trabajadores, ni la propia administración municipal ha sido capaz de proporcionar un dato fiable a los sindicatos y formaciones políticas que lo han solicitado formalmente en las mesas de representación. Este es un hecho que no les parece del todo sorprendente si tenemos en cuenta que el Ayuntamiento complutense es uno de los escasos Ayuntamientos denominados de gran población que aún no disponen de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) fiable y pública a pesar de los intentos fallidos tras contratar los servicios de una empresa privada para su elaboración.

Este enorme colectivo de trabajadores precarizados sufre a diario no solo la incertidumbre de su puesto o la discriminación frente a los fijos sino la imposibilidad de ejercer su carrera y promoción profesional.

Según declaran los portavoces de PITA, representan un colectivo de trabajadores de edad avanzada, mayoritariamente integrado por mujeres. Destaca también un significativo número de empleados con diversidad funcional, una circunstancia que aumenta, si cabe, el riesgo de exclusión social ante las perspectivas del desempleo. Sí se tiene constancia cierta, de auténticas bolsas de precariedad en determinados sectores del Ayuntamiento alcalaíno, como es el caso de la Brigada Municipal de Limpieza, en la que un 60% del total de sus integrantes -unos 170- son interinos o temporales laborales, de entre los cuales un alto porcentaje acumula antigüedades por encima de los 10 años y edades relativamente avanzadas.

Otra particularidad que no ha pasado desapercibida en la celebración de esta multitudinaria manifestación es el hecho de haber sido organizada y convocada por un conjunto de nuevas organizaciones que han surgido por todo el país a raíz de la firma de los procesos de estabilización entre los sindicatos mayoritarios (CC.OO, UGT y CSIF) y el anterior gobierno de Rajoy en 2017. No es la primera vez que estos sindicatos, según comentan, se muestran más sensibles a las dificultades técnicas de las instituciones y Administraciones Públicas que a las preocupaciones y demandas laborales de sus empleados. Al fin y al cabo, dicen, no deja de ser una consecuencia lógica de quienes mantienen sus estructuras orgánicas gracias a la financiación y las prebendas de una administración que recurre a estas organizaciones en momentos de conflicto laboral ofreciéndoles al tiempo recursos de financiación complementarios en forma de cursos preparatorios para las oposiciones a los que, por cierto, sólo se puede acceder tras la preceptiva afiliación.

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