- Analista político colaborador de ALCALÁ HOY
El 8 de enero de 2020 trajo consigo, entre tanta incertidumbre política por la investidura –ya consumada- de Pedro Sánchez, una buena noticia para la causa democrática de la que, creo, no se ha hablado mucho. Un poco de luz entre tanta oscuridad por ver como los enemigos de España ascendían al poder a un tipo al que más pronto que tarde le cobrarán la deuda política y la hipoteca en la que ha sumido al conjunto del país. El 8 de enero de 2020 se confirmó que Francia autorizaba la extradición del etarra Josu Ternera a España.
Josu Urrutikoetxea, más conocido como Josu Ternera, fue uno de los principales líderes de la banda terrorista ETA. El currículum vital de Ternera está manchado de sangre. Fue en 1980 cuando ingresó, por primera vez, en ETA. A partir de ahí comenzaría su ascenso a las esferas de poder de la banda terrorista. En 1984, tras la muerte del también etarra Txomin Iturbe Abasolo, se convirtió en el número 1 de la organización criminal.
Como uno de los líderes principales de ETA, Ternera es responsable de todas las atrocidades cometidas por los asesinos, pero especialmente se recuerda su papel en el atentado contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, en 1987. Un atentado que causó 11 muertos, entre ellos seis niños pequeños, y centenares de heridos –en su mayoría civiles-.
En 2003, cuando la justicia española lo perseguía por sus crímenes, Ternera, haciendo gala de la cobardía que caracteriza a todo criminal, huyó de España. Y así, huido y prófugo de la justicia, se ha mantenido durante 17 años hasta que ahora, por fin, el pago por sus tropelías parece más cerca.
No menos importante, y hay que recordarlo, es que hoy, en las instituciones democráticas, se sientan hombres y mujeres pertenecientes a una organización política vinculada a ETA que justifican y legitiman la actividad sanguinaria, el odio y el terror que en su día la banda terrorista logró inocular a toda la sociedad española, especialmente a los ciudadanos que residían en el País Vasco durante los años del plomo. Yo no voy a entrar en el debate sobre si Bildu es o no un partido político legal. Hay una Ley de Partidos que ahí está, es evidente, y mientras esa sea la Ley que rige es a ella a la que nos tenemos que atener. Pero hay algo que trasciende más allá de lo legal y es lo legítimo. Y una formación política que no condena los crímenes que ETA cometió durante su actividad militar, el asesinato y la persecución ideológica, no puede considerarse, por nadie, como una formación política legítima.
Por eso me entristece ver como el PSOE, en esa ronda de contactos para recabar los apoyos necesarios que facilitaran la investidura de Pedro Sánchez, se reunió con Bildu como si se estuviera reuniendo con cualquier otro partido. O como en Navarra, los socialistas aceptaron hipotecarse, ellos y a toda esa Comunidad Autónoma, a los intereses de Bildu. Porque la formación liderada por Otegi fue pieza clave en la ecuación que llevó al PSOE al poder en Navarra y será pieza clave en toda la acción de gobierno que el PSOE pretenda llevar a cabo allí.
Las principales asociaciones de víctimas del terrorismo como COVITE o la AVT ya le han dicho a Sánchez que desista en ese infame intento de blanquear la historia y la trayectoria de Bildu, una formación política que cuenta en sus filas con numerosos perfiles que antaño pertenecieron a ETA y que a día de hoy, tienen mucha información que sería crucial poner en manos de la justicia para resolver los casi cuatrocientos crímenes de ETA que siguen sin esclarecerse.
Está claro que las víctimas jamás van a recuperar los que ETA les arrebató injustamente. Los muertos seguirán estando ahí y el dolor nunca se irá. Pero noticias como la futura extradición de Ternera a España, para responder y pagar por sus atroces crímenes, les permitirán dormir un poco más tranquilos.
Porque a diferencia de lo que algunos quieran vender, ETA no ha sido derrotada totalmente. Sí lo fue desde el punto de vista policial y militar, pero mientras su brazo político siga con la batalla del relato, del blanqueamiento de los asesinos, la ETA política seguirá latente. Es una obligación democrática no permitir que se equipare a víctimas con verdugos. Es una obligación democrática emprender la batalla del relato contra el discurso mentiroso y falaz que los secuaces políticos de los asesinos tratan de imponer. “No nos han domesticado” dijo recientemente en la tribuna del Congreso de los Diputados Óskar Matute, uno de los 5 diputados de Bildu. Pues bien, a nosotros, a los que defendemos y amamos la democracia, a los que en su día dieron un paso adelante e incluso arriesgaron su propia vida para defender la libertad de todos, nuestra libertad, tampoco los domesticó el totalitarismo de ETA ni nos domesticarán ahora sus voceros políticos ni sus aliados lobistas.
Memoria, dignidad y justicia. Siempre.
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