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El Ayuntamiento de Alcalá no ha recurrido la primera sentencia, que por tanto, es firme y ha incorporado a una de las trabajadoras a su plantilla.
En dos recientes sentencias de los Juzgados de lo Social de Madrid (el Juzgado de lo Social n° 31 y el Juzgado de lo Social n° 19) se ha condenado al Ayuntamiento de Alcalá de Henares y a su Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo, dirigido por la ex-concejala Pilar Fernández Herrador, por Cesión Ilegal de Trabajadores.
Las dos trabajadoras afectadas por el tráfico ilícito de mano de obra deberán ser incorporadas a la plantilla laboral del Ayuntamiento, dada la situación de prestamismo laboral en que se encontraban desde más de 10 años, ya que estaban incorporadas a los servicios de disciplina urbanística y de sanidad de las respectivas concejalías del Ayuntamiento, actuando el Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo de mero suministrador ilegal de mano de obra, pues no ejercía ninguna de las facultades empresariales de dirección y organización respecto de las dos trabajadoras.
La situación de cesión ilegal se inició con el gobierno municipal del P.P. en los años 2006, a raíz de la creación del Ente Empresarial Municipal en el año 2005 y la anterior corporación de 2015-2019 intentó solucionarlo, pero no se alcanzó, al no aprobarse en el último Consejo de Administración, de 21-3-2019.
Respecto de la segunda sentencia el Ayuntamiento ha pedido una aclaración de la sentencia.
Hay otros dos trabajadores del Ente Público Empresarial Alcalá desarrollo que se encuentran esperando juicios similares por Cesión Ilegal de Trabajadores.
El asuntro fué planteado por las trabajadoras, bajo la dirección del abogado Luis Suárez Machota, por cuanto a pesar de ser empleadas del Ente Público Empresarial ALCALÁ DESARROLLO, trabajaban de facto para las Concejalías de Empleo y de Urbanismo, ya siendo alcalde Bartolomé González y con la Concejalía de Urbanismo con el actual alcalde Sr Rodriguez, sin que hubiera ninguna encomineda de gestión, ni contratación administrativa entre Ayuntamiento y Ente Empresarial, ni facturación alguna.
Vamos, puro prestamismo laboral desde 2011 con sucesivos alcaldes y concejales.
Ahora el Ayuntamiento le deberá integrar en su plantilla y pagar las diferencias salariales por los últimos años trabajados.