Este domingo la Marcha del Lápiz Verde volverá a defender la educación pública en Alcalá

Este domingo 31 de marzo la Plataforma por la Educación Pública nos convoca, una vez más, a participar en  La Marcha del Lápiz Verde con salida desde la calle Jorge Guillén a las 12h. con reagrupamiento en el Paseo de la la Estación a las 12.30h y llegada a la Plaza de Cervantes a las 13h. Esta será  la VI edición en Alcalá de Henares

Foto de Ricardo Espinosa Ibeas
  • Iguales y diferentes; en torno a las necesidades educativas especiales. Remitido por Elena M. Alcalde
Foto de Pedro Enrique Andarelli

Que los seres humanos podamos ser todos diferentes no significa que no podamos ser iguales. La igualdad exige, en las sociedades con un alto grado de desarrollo humano, una mayor dedicación  a los que encuentran dificultades añadidas para integrarse en ella.

Desde que nacemos, ni libres ni iguales, nos enfrentamos a todo tipo de obstáculos, algunos tan evidentes como los derivados de una patología, otros los derivados de un entorno socioeconómico adverso o aquellos  que lastran de diferentes modos los  mecanismos del aprendizaje. Incluso aparentes ventajas, como podrían ser las altas capacidades intelectuales, podrían convertirse en escollos si desde el propio sistema educativo no se promueven los valores de inclusión, normatividad y atención a la diversidad.

El próximo domingo 31 de marzo la Plataforma por la Educación Pública nos convoca, una vez más, a participar en  La Marcha del Lápiz Verde con salida desde la calle Jorge Guillén a las 12h. con reagrupamiento en el Paseo de la la Estación a las 12.30h,  y llegada a la Plaza de Cervantes a las 13h. Esta será  la VI edición en Alcalá de Henares y sus promotores, padres y madres de alumnos, educadores y profesionales de la enseñanza, además de defender la educación pública y gratuita para todos, desean hacer especial hincapié en los valores asociados al concepto de Educación inclusiva sabedores de que el alumnado es diverso y como tal puede necesitar de un apoyo o de unas necesidades educativas específicas, sencillamente, una educación para todos y todas, integral e integradora.

Es bien sabido que la profunda crisis económica que se desató hace ya más de una década se llevó por delante una buena parte del ilusorio y poco definido “Estado del bienestar”. La apremiante necesidad de recuperar en lo posible las anteriores tasas de ganancia hacían necesario para el sostenimiento del sistema profundos recortes de gasto en  los servicios públicos esenciales o si se prefiere, desde otra perspectiva, un recorte social generalizado del salario indirecto diferido en forma de  infraestructuras, servicios sanitarios  y por supuesto educativos.

Esta continua agresión a lo público afectó sobremanera al denostado modelo educativo español, especialmente en aquellas aéreas geográficas donde las nuevas recetas neoliberales no contemplaban defender la escuela pública ante la pujante privatización de la enseñanza. Este ha sido el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid que en lo que va de siglo ha destacado por dedicar más recursos a la enseñanza en escuelas concertadas (20% del gasto educativo frente al 14,7 % del resto de CCAA) o por ser la única Comunidad Autónoma que desde que recibió las competencias en materia educativa (1999) no ha promovido ningún desarrollo normativo en materia de  inclusión y diversidad. Eso sí, sin perder nunca el cartel propagandístico del controvertido bilingüismo, una opción que no resulta tal para los numerosos municipios de esta comunidad para los que la única posibilidad son los centros escolares bilingües.

Frente a esta inacción de los políticos conservadores madrileños surgió, hace pocos años, una Iniciativa Legislativa que reunió a 44 ayuntamientos madrileños, incluyendo el de Alcalá de Henares, para impulsar una Ley de medidas prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva en el ámbito de la educación no universitaria, una ley que  además contemplara la elaboración de planes de inclusión específicos para cada uno de los centros escolares.

Lamentablemente esta iniciativa legislativa ha quedado varada en medio del desinterés político y, seguramente, de la dificultad que supone para algunos administradores aceptar que un proyecto educativo ambicioso, inclusivo  e integrador necesita de medios materiales y humanos superiores a los actuales.

Atender las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado desde el mismo momento en el que son detectadas es una obligación que recoge la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Sin embargo esta ley no ha sido implementada con los recursos presupuestarios y humanos que necesita. Detectar, a edades muy tempranas, las necesidades educativas que puede requerir el alumnado ante situaciones tan diversas como la dificultad en el aprendizaje, altas capacidades, trastornos por déficit de atención, discapacidad, trastornos de conducta, etc. requiere de un equipo de expertos profesionales (EEOEP Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica) que a su vez demandan recursos materiales, tiempo de atención al alumnado y permanente formación. Un esfuerzo que se debe continuar con la participación de equipos multidisciplinares dotados de medios y recursos suficientes.

Sin embargo la tozuda realidad, esa que nunca es superada por la formalidad del derecho aparente, nos sitúa ante un panorama desolador. Las plantillas de Orientadores y  Profesores Técnicos de Servicios para la Comunidad  son, a fecha de hoy, las mismas que en 2003. En la CAM la actual ratio Orientador/Alumno se acerca a 1/1500 frente a la recomendada por la UNESCO que la eleva a un orientador por cada doscientos cincuenta alumnos.

No parece que las últimas iniciativas tomadas por el Consejo Escolar de la CAM conducentes a regular la financiación de los centros privados concertados para el Servicio de Orientación Educativa vayan en la buena dirección ya que están siendo contestado por la comunidad escolar y por los mismos Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EEOEP) en el sentido de que pudiera vulnerar el principio de equidad contemplado en el Capítulo II de la LOMCE  que prevé  una atención diferenciada para cada centro a tenor de sus particulares necesidades.

En la mentalidad del legislador liberal/ burgués existe la  proyección perversa de un hecho consumado: donde mañana no llegue la asistencia de lo público, insaciable depredadora de recursos financieros, lo hará la iniciativa privada de un modo u otro. En ámbitos sociales tan sensibles como la sanidad o la educación este legislador prevé la libre elección de los que tienen recursos suficientes para ejercerla pagando escuelas privadas con dotaciones  para la adaptación y con la obligada necesidad de quienes, sin esos mismos recursos, realizarán un esfuerzo sobrehumano para no abandonar  sus hijos a su suerte. Nuestro grado de concienciación social tiene y debe abarcar lo diferente y lo diverso, no porque nos pertenezca sino porque forma parte de nosotros. Que sean una minoría los alumnos con necesidades específicas sólo reclama de todos nosotros la capacidad colectiva para integrarlos.

Aunque el aforismo de los autores clásico se refería a una sociedad utópica o a una fase superior en las relaciones sociales, lo cierto es que la única sociedad democrática posible es la que reclama de cada uno según sus capacidades y  otorga a cada cual según sus necesidades. Apoyar sin bagajes esta tarea inmensa y democrática que supone educar a nuestros hijos atendiendo a sus peculiaridades es una tarea imprescindible de una sociedad plural, social, solidaria e integradora.

 

 

 

 

 

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