- David Cobo García – Portavoz Izquierda Unida Alcalá de Henares
Cuando uno rebosa salud mira a los hospitales como si fueran algo ajeno. Un lugar que necesitan otros y al que acudimos sólo de visita. Uno no se plantea que será el próximo enfermo de cáncer, que sufrirá un infarto o que le afectará la hepatitis. Pero esta percepción cambia radicalmente cuando la enfermedad se manifiesta en nuestros cuerpos o en las personas que queremos. Es entonces cuando la asistencia sanitaria se torna tan urgente y necesaria como el aire que respiramos.
En España tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo. Todos valoramos el poder acudir a un medico en cuanto se manifiesta la enfermedad y tener acceso a tratamientos sanitarios que nos sería imposible pagar si no tuvieran cobertura pública. Nadie nos lo regala, lo pagamos entre todos, se financia mediante nuestros impuestos y son, sin duda, los impuestos que pagamos de mejor grado, pues llegado el momento puede determinar nuestra calidad de vida o, incluso, marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Los seguros privados nunca podrán competir con un buen sistema público por una sencilla razón: los sistemas privados se sostienen mediante la rentabilidad económica, y ello hace que pongan impedimentos a los asegurados no rentables; personas mayores, enfermos crónicos… Es la sanidad pública la única que puede garantizar que esta sea universal.
Las grandes corporaciones saben que si se desmantela el sistema público de salud la veta de negocio es inmensa. Saben que cualquier persona daría todo su dinero o se hipotecaria por su salud y la salud de las personas que quiere. El gran capital sabe que si la sanidad, la educación o las pensiones públicas no funcionan bien o no cubren nuestras necesidades, muchos de nosotros correremos a cubrir estas necesidades básicas llevando nuestro dinero a las empresas privadas. A estos procesos se les conoce como “Acumulación por desposesión”. Es decir, generar un negocio mediante la desposesión de un servicio público o la merma de la calidad del mismo. ¿Cómo pretenden conseguir desmantelar la sanidad pública o que, al menos, el dinero público destinado a sanidad caiga en empresas privadas?
Este proceso, de hecho, ya se ha iniciado
- Generar la falsa idea de que no es sostenible.
- Hacernos pensar que no somos pacientes con derechos, sino clientes que pagan productos sanitarios.
- Recortar y precarizar la asistencia sanitaria pública, para reducir su calidad y generar una mala percepción de la misma. Lo cual generará el aumento de la contratación de seguros privados de salud.
- Generar bonificaciones fiscales para incentivar la contratación de seguros privados.
- Privatización de la gestión sanitaria para que el dinero público caiga en manos de estas empresas privadas.
- En 2017, España invirtió el 6,26% del PIB en sanidad, el puesto 27 del mundo. Esto representó el 15,14% del total del gasto público en nuestro país, lo cual respecto a este dato España se posicionó en el puesto 38 del mundo.
En dicho año la inversión por habitante en sanidad fue de 1.565€, menos de la mitad de lo invertido por países como Holanda, Bélgica, Irlanda, Austria, Canadá, Australia… No hay motivos para pensar que la inversión pública en sanidad sea insostenible y es seguro que la inmensa mayoría de la población, con independencia de su posicionamiento político, no queremos que se recorte su calidad ni prestación.
Sanidad: derecho o producto
Cuando nos hacen creer que no somos pacientes con derecho a sanidad, sino que somos meros clientes, pasamos a pensar que no tenemos derecho a la mejor prestación sanitaria, sino sólo a la que nos podemos permitir económicamente. Este es el principio para asimilar que no tenemos derecho a los medicamentos que precisamos, abrimos la puerta al copago e, incluso, a que ciertos colectivos no tengan acceso a la sanidad.
La sanidad dejó de ser universal en España con el Real Decreto 16/2012, dejando fuera a diferentes colectivos, especialmente a los migrantes, e introduciendo el copago. El resultado fue un reguero de muertes injustificables, enfermedades que no se diagnosticaron hasta ser incurables por su estado avanzado. Según un estudio del Instituto de Economía de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra, la mortalidad de los colectivos excluidos aumentó en España un 15% entre 2012 y 2015.
El actual Gobierno del PSOE anunció a bombo y platillo que la sanidad volvía a ser universal en España mediante el Real Decreto 7/2018, pero este es absolutamente insuficiente como ha sido recientemente denunciado por más de 300 asociaciones, entre ellas Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal. Este Real Decreto marca simples recomendaciones y se sigue dejando fuera de la cobertura sanitaria a diferentes colectivos. Debe ser modificado urgentemente.
Ustedes se acordarán de las personas que han muerto en España de hepatitis C por no poder pagar los 50.000€ que costaba su tratamiento. La movilización consiguió que se invirtiera en los fármacos necesarios, hasta que esto sucedió miles de personas murieron sin el tratamiento que les hubiera salvado la vida.
El copago farmacéutico sigue vigente, a día de hoy miles de personas no se medican por no poder pagar sus fármacos. Personas que tienen que elegir entre comprar los fármacos o pagar la luz y el alquiler. Una situación que el PSOE no ha revertido en los 9 meses que lleva ostentando el Gobierno. Algún día sabremos las muertes que está generando el copago, entonces todo serán disculpas y lamentaciones para aplacar tanta rabia y vergüenza.
Precarización de la sanidad pública
Desde el 2009 España va reduciendo el porcentaje de PIB destinado a Sanidad año tras año. Este recorte responde a la voluntad de precarizar el servicio y que se vislumbre la sanidad privada como alternativa. El recorte más reciente en Madrid ha sido el iniciar la reducción de horario de consultas en 14 Centros de Salud, esto generará un aumento en los días de espera para poder tener consulta con tu médico de cabecera y, de forma indirecta, saturar aun más los servicios de urgencias.
Las movilizaciones se han extendido en toda la Comunidad de Madrid, lo que junto a la cercanía de las elecciones ha generado que el presidente de la Comunidad de Madrid haya anunciado una falsa retirada de sus pretensiones. Dice que durante esta legislatura no se recortará horario en más Centros de Salud, pero sostiene el recorte en los 14 Centros de Salud en cuestión. Insisto, una falsa retirada que pretende desmovilizar y soterrar el debate durante la campaña electoral.
Últimamente en otras comunidades como Galicia, Castilla y León, Aragón… también se están haciendo grandes manifestaciones en apoyo a la sanidad pública.
Las bonificaciones fiscales para acceder a seguros privados no son inocentes, marcan una intención política
Una de estas medidas de bonificación fiscal es el “salario flexible”, del cual se está hablando poco y ya se está reflejando en los Convenios Colectivos de grandes empresas. El salario flexible permite que el trabajador no pague IRPF por la parte de salario que destina a pagar determinados productos como seguros sanitarios y seguros de pensiones privados. Esta medida no debería ser legal, pues posibilita que unos trabajadores paguen menos IRPF por el hecho de trabajar en determinadas empresas y consumir determinados productos, lo cual rompe el principio de progresividad fiscal, que pague más el que más tiene, enmarcado en el art.31 de la Constitución Española.
Toda bonificación fiscal para contratar seguros privados no sólo beneficia a ciertos empresarios, sino que contribuye a dejar de recaudar el dinero necesario para mantener y mejorar nuestros servicios públicos; sanidad, educación, servicios sociales, bomberos, policía, ejercito, justicia, transportes, carreteras…
La Ley 15/97, parida por Aznar y apoyada por el PsoE, abrió la puerta de par en par a la privatización. El PsoE no quiso derogarla en las dos legislaturas de Zapatero. Curiosamente en 2012, ya con Rajoy en la Moncloa, el PSOE planteó derogarla cuando ya no tenía mayoría en el Congreso para ganar la votación. En estos últimos 9 meses, Pedro Sánchez, ni se ha propuesto la cuestión.
La privatización de la gestión sanitaria es una ruina y suele ir de la mano de la corrupción. Los sobrecostes y la derivación de pruebas a la sanidad privada está generando unos gastos mayores que los presupuestados.
Según los datos de la Cámara de Cuentas, a la Comunidad de Madrid le cuesta seis veces más un tratamiento en un hospital concertado que en uno público. Estos desmanes de gestión sólo se pueden producir por corrupción manifiesta o por ineptitud profunda.
Es curioso que uno de los países que más dinero público invierte por habitante en salud sea EE.UU. Esto choca totalmente con el conocimiento que tenemos sobre sus bajas prestaciones sanitarias para las familias trabajadoras que no pueden sufragarse ciertos tratamientos y el fuerte copago sanitario, precisando de tener un seguro privado que en muchas ocasiones se desprende de ti en cuanto dejas de ser un asegurado rentable. Pues bien, este lamentable sistema sanitario invierte 7.270€ al año por habitante. Un gasto que se produce en un marco de sanidad privada y que nos demuestra que la gestión directa puede, con mucho menos dinero, tener un resultado más eficiente y de mayor calidad para los pacientes.
Cuando pases junto a un Hospital Público o un Centro de Salud, sé consciente de su grandeza e importancia. Son lugares donde nos asisten los mejores profesionales cuando más los necesitamos. Cuando tú, yo, nuestros amigos y familiares, tenemos verdaderos problemas. Cuando el miedo y la desesperanza de la enfermedad o accidente llaman a nuestra puerta, un sistema sanitario público y universal debe proteger la salud y la vida de todas las personas sin excepción. Esto es lo que debemos defender todas las personas con absoluta unidad, pues no hay nada más grande.
Ningún himno suena mejor que la risa de un niño que sale de un hospital tras superar su enfermedad. Ninguna bandera ondea más alto que el deseo de una familia por ver sanar a un ser querido. Usted y yo posiblemente no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero estoy convencido de que ambos estaremos de acuerdo en que la sanidad pública debe ser defendida con convicción y rectitud. Gobierne quien gobierne.
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