El Ayuntamiento de Alcalá, obligado a publicar información sobre ascensos policiales denunciados

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ente estatal encargado de velar por la transparencia de la labor de la administracióninsta al Consistorio  a facilitar la titulación académica de tres agentes que promocionaron a subinspector, tras una denuncia de Csif por presuntas irregularidades. El consistorio dispones ahora un plazo máximo de veinte días hábiles desde la fecha de la resolución, para dar a conocer los estudios académicos de los policías.

Foto de Ricardo Espinosa Ibeas
  • El Ayuntamiento de Alcalá de Henares deberá facilitar una información sobre ascensos policiales que le negó a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif).
Foto de Ricardo Espinosa Ibeas

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ente estatal encargado de velar por la transparencia de la labor de la administración,  ha concluido que el Consistorio vulnera el derecho de acceso a la información pública y que los argumentos del rechazo no estaban justificados.

La reclamación del sindicato, motivada en tres ascensos a subinspector presuntamente irregulares, remite a una petición formulada el pasado 2 de julio, interesando conocer «Titulaciones que obren en los expedientes existentes en Recursos Humanos o en Jefatura de Policía Local correspondientes a la categoría profesional de Subinspector de Policía Local».

Csif sostiene que los funcionarios promocionaron a pesar de que carecían de la titulación universitaria requerida, así como del permiso para conducir motocicletas en uno de los casos. La denuncia, que fue sobreseida en noviembre, fue recurrida hace un mes.

Foto de Pedro Enrique Andarelli

El Ayuntamiento alcalaíno desestimó el requerimiento el 14 de agosto, amparándose en los límites de protección de datos de carácter personal, recogido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. El Consejo, sin embargo, concluye en su resolución, del pasado 28 de enero, que  «no existen datos especialmente protegidos, por lo que no resulta necesario recabar el consentimiento expreso y por escrito de las personas afectadas».

El ponente, además, señala que el Gobierno local «no ha realizado, como establece la Ley, una ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados». Así, con un plazo máximo de veinte días hábiles desde la fecha de la resolución, el Consistorio debe dar a conocer los estudios académicos de los policías.

 

 

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