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La causa se remonta a 2011, cuando el Ayuntamiento de Meco adjudicó una plaza de arquitecto superior mediante concurso público.
Según denunció uno de los 33 aspirantes a la plaza, Edmundo Hernando, que había sido con anterioridad arquitecto honorífico en Meco, la plaza fue otorgada de forma irregular a una de las candidatas, María Teresa Maíllo.
La Fiscalía solicita para el alcalde de Meco una pena de 9 años de inhabilitación especial para el cargo público de alcalde y de concejal, así como la imposibilidad de obtener dichos cargos durante el tiempo de condena.
El Ministerio Fiscal solicita además que se declare nula la convocatoria para la provisión de plazas de arquitecto superior e ingeniero técnico industrial del Ayuntamiento de Meco, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el 20 de agosto de 2010, así como la resolución del proceso y de los nombramientos que de ella se derivaron.
Por su parte, la acusación particular solicita para Sanz Carlavilla una pena de 15 años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el delito de prevaricación administrativa, y la suspensión de empleo y cargo público, además de una multa de ocho meses con una cuota diaria de 50 euros por el delito de nombramiento ilegal.
El alcalde de Meco ha indicado a Efe que se trata de “un tema estrictamente administrativo” y que “la propia jueza, cuando sobreseyó el caso en un primer momento, consideró que en todo caso era un tribunal administrativo el que tenía que dilucidar si debía haberse realizado por concurso o no”.
“Se realizó todo el procedimiento con sus diferentes fases, hubo alegaciones, se contestaron, se valoró por un juzgado formado por técnicos y funcionarios. Consideramos que se hizo bien, y si se hizo mal, como mucho es porque hubiera alguna incorrección administrativa, que creemos que tampoco“, señala Sanz Carlavilla.
Por su parte, el grupo Socialista de Meco señala en un comunicado que es “una gran lacra para la institución y para la imagen pública del municipio” tener “al frente del Ayuntamiento un alcalde con causas pendientes con la justicia”.
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