Catalanes y españoles | Por Antonio Campos

El Gobierno Catalán pretende multar con hasta treinta mil euros por “presunta infracción grave de la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana”, la denostada Ley Mordaza del Partido Popular y de la que en octubre de 2015 escribíamos: La llamada Ley Mordaza, legislada por el Partido Popular como si fuera a mantenerse en el poder los mismos años que Franco, y que puede volverse en su contra en el momento que pierda el Gobierno.

 

 

En dicha ley, aun estando penadas actuaciones discutibles constitucionalmente, lo peor, en mi opinión, es que el artículo 32 pone en manos del Ministro del Interior, el Secretario de Estado de Seguridad, las delegaciones del Gobierno y de la vía contencioso-administrativa, Fermín el del Banderín vestido de juez y parte política del partido de turno, la potestad sancionadora de hechos y situaciones que retrotraen mis pensamientos cincuenta años atrás.

¿Alguien cree realmente que el líder de la oposición emergente –PODEMOS– va a recurrir esa ley si hipotéticamente ganara las elecciones, solo o acompañado de terceros? Menudo chollo en sus manos para silenciar bolivarianamente a la ciudadanía discordante si llega al poder. ¡Ah!, se siente, es una ley del Partido Popular. Ojalá me equivoque.

La “presunta infracción grave” son “daños en el dominio público” que, traducido al español de Cervantes, es retirar lazos amarillos de la vía pública. Y el caso concreto son catorce personas que así hacían en las carreteras catalanas.

Como todo en Cataluña, los Mossos están divididos prácticamente al cincuenta por ciento entre separatistas y unionistas. La Unió de Mossos per la Constitució ha emitido diversos comunicados con el siguiente literal:

“La retirada de símbolos partidistas no autorizados está amparada por la sentencia del TSJC de cinco de julio sobre la neutralidad de los edificios y espacios públicos por parte de las instituciones locales”.

“UMC no se opone a que cualquier ciudadano libremente decida retirar la citada simbología, ya que dicha actuación no supone infracción alguna, siempre y cuando no se dañe el mobiliario urbano, se ensucie la vía pública o se cometa cualquier otro ilícito administrativo o penal diferente”.

“También exigimos a las administraciones competentes que hagan efectivo el cumplimiento de las sentencias judiciales”.

“La policía, como garante del cumplimiento de la ley, pierde autoridad ante el ciudadano si la administración es la primera que no cumple con el deber exigido”.

Pere Lluís Huguet, presidente de la asociación de juristas Llibertats y ex presidente del Consejo de la Abogacía Catalana ha criticado la acción de los Mossos d’Esquadra separatistas con el siguiente comentario: “Quitar lazos amarillos de la vía pública no es infracción alguna de la Ley de Seguridad, incoar un procedimiento por ello podría ser un delito de prevaricación. Ponerlos es una infracción de las ordenanzas, no incoar por ello también puede ser un delito de prevaricación”.

En el resto de España no somos conscientes de la situación personal que están viviendo nuestros compatriotas catalanes que, además se sienten y ejercen como españoles. Están identificados, aislados, ocultan en dónde trabajan, dónde viven y vetados en muchos sitios. El mundo al revés: La Constitución Española de 1978, para aquellos que no habían nacido entonces, fue la alternativa a una nueva guerra civil entre españoles, en la que todos, sin distinción, renunciaron a parte de sus aspiraciones para vivir en paz y armonía. Y en Cataluña, hoy, se transgrede la justicia, la ley, el orden, el estado de derecho y la Constitución, con la complicidad de un presidente cautivo de quienes le han aupado al poder con 84 diputados de los 350 de los que consta el Congreso. Y se negocia y se quiere hacer el “buenismo” con los separatistas, pero se olvida y vilipendia a la otra mitad de catalanes que se sienten españoles.

Las últimas manifestaciones del presidente de la Generalitat, Quim Torras, “no vamos a defendernos, vamos a atacar a este Estado injusto” y el trato dado al Jefe de Estado en Barcelona la semana pasada, es una muestra más de la intransigente y rupturista postura catalana, no contestada como corresponde por el Gobierno de España.

Qué hubiera pasado si hubiesen sido los Sres Casado del PP, Rivera de C’s o la Ministra de Defensa del PSOE los que hubieran dicho “no vamos a defendernos, vamos a atacar a esta Cataluña separatista”. Las voces se hubieran oído en el infierno, en muchos (casi todos) los medios de comunicación, en varios partidos políticos nacionales y regionales, en las tumbas de Lenin, Chaves, terroristas que fueron de ETA o Terra Lliure, y en …

Malos tiempos se avecinan si todos, repito, todos, no ponemos los medios necesarios para que la totalidad de españoles tengamos los mismos derechos y obligaciones, pues la mayor inequidad es la falta de equidad.

Por Antonio Campos, bloguero alcalaíno 

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