Una propuesta para la revisión anual de las pensiones

El problema al que se enfrenta la sociedad española con sus mayores puede resumirse en muy pocas palabras: cada vez son más, cobran mejores pensiones y viven más años. Si se acepta además la exigencia de que su nómina, una vez reconocida por el Estado, debe estar “blindada” frente a la evolución de los precios, el gasto global en este capítulo tenderá a llevarse una porción mayor de la riqueza nacional.

 

  • Santiago López Legarda es un periodista alcalaino que ha ejercido en diferentes medios nacionales.

El problema al que se enfrenta la sociedad española con sus mayores puede resumirse en muy pocas palabras: cada vez son más, cobran mejores pensiones y viven más años. Si se acepta además la exigencia de que su nómina, una vez reconocida por el Estado, debe estar “blindada” frente a la evolución de los precios, el gasto global en este capítulo tenderá a llevarse una porción mayor de la riqueza nacional. El que dicho gasto se atienda mediante cotizaciones sociales o a través de impuestos es irrelevante: lo que de verdad importa es que será mayor en términos de porcentaje sobre el PIB y deberá cubrirse a costa de otras políticas públicas y con cargo al conjunto de la sociedad.

Entre enero de 2014, primer año en que se aplicó la que se ha dado en llamar subida “de mierda” de las pensiones, y febrero de 2018, quinto ejercicio consecutivo con subidas anuales del 0,25%, los precios han subido en España un 2%, según el Instituto Nacional de Estadística. Estamos, pues, ante un leve pérdida de poder adquisitivo por parte de nuestros mayores, pérdida que podemos cifrar en un 0,75%.

No parece que un retroceso semejante sea causa suficiente para la indignación que en estos días miles de personas han manifestado en las calles de nuestras ciudades. Pero haya causa o no, lo cierto es que se ha puesto sobre la mesa el debate a propósito de la revisión anual de los salarios que cobran nuestros pensionistas.

El Pacto de Toledo podría llegar a saltar por los aires, puesto que el Partido Socialista propone para 2018 una subida del 1,6% y además anima a los jubilados a que sigan saliendo a las calles para manifestarse contra el Gobierno. El Partido Popular viene a decir que una cosa es predicar y otra dar trigo, y acusa a la oposición de querer pagar con cheques sin fondos.

El Pacto de Toledo, que buscaba por encima de todo alejar las pensiones de la lucha política y hacer las reformas necesarias por consenso, ha sido un gran avance. Y me parece que en el seno de ese pacto y a través de sus representantes parlamentarios la sociedad española debería preguntarse qué porción de la riqueza nacional desea y pude dedicar al bienestar de los mayores. Y debería preguntarse si es justo que, puesto que las pensiones responden a un gran acuerdo de solidaridad intergeneracional, los jubilados exijan el mantenimiento a toda costa de su poder adquisitivo (siempre de acuerdo con la evolución del IPC) cuando esa garantía no se le puede ofrecer en modo alguno al conjunto de la ciudadanía. No hay ni puede haber garantía de poder adquisitivo para los jóvenes con contratos precarios, para los parados, para los autónomos, para los que ven peligrar la supervivencia de sus empresas. ¿Es justo que los pensionistas, por el hecho de ser pensionistas, vean sus ingresos “blindados” con cargo al resto de la sociedad?

Si no se puede ni se debe prometer a los mayores la garantía absoluta de su poder adquisitivo, ¿qué se les puede y se les debe prometer a través del Pacto de Toledo? Mi propuesta sería que cómo mínimo les vaya igual que al conjunto de los ciudadanos. Y la mejor vara de medir que tenemos para saber cómo les va a los españoles es la evolución de nuestra riqueza nacional, nuestro PIB. A partir de ahí, en el seno del Pacto de Toledo, debería establecerse un “suelo” para el gasto total en pensiones.

Según el Presupuesto de 2017, la partida dedicada al pago de las pensiones (Seguridad Social más Clases Pasivas del Estado, no lo olvidemos) ascendía a 140.000 millones de euros, lo cual significa, en número redondos, un 12% del PIB, que ha alcanzado la cifra de 1,167 billones. Este podría ser perfectamente, el “suelo” que nuestros representantes deberían acordar en el Pacto de Toledo. En lo que llevamos de 2018 el gasto en pensiones, pese a la revisión del “miserable” 0.25, crece a un ritmo del 3%. Esto elevará la cuantía de esta partida hasta los 144.200 millones de euros, pero la previsión es que el PIB crezca hasta los 1,210 billones. Si se cumplen estas cifras, el gasto global en pensiones se recortaría hasta el 11,92% del Producto Nacional. De aplicarse el “suelo” que en estas líneas se defiende, habría un margen de 8 centésimas del PIB para dedicarlas a la revisión de la nómina mensual de los pensionistas. Esas 8 centésimas significan que la revisión podría situarse muy cerca del 1% en lugar del 0.25.

Con la propuesta que defiende el Partido Socialista, el gasto en pensiones para 2018 subiría hasta los 146000 millones de euros, un 12,07% del PIB; y de mantener esa misma política unos cuantos años más, hacia 2030 estaríamos dedicando a las nóminas de los mayores dos o tres puntos más de PIB. ¿Podemos dedicar el 15% de nuestra riqueza nacional al pago de las pensiones? Podemos, sin duda, siempre que seamos conscientes de que eso implica aumentos en la presión fiscal o bien recortes en otras partidas de gasto que también son muy importantes para el progreso y el bienestar social.

En los años buenos para el crecimiento económico, creo que la revisión anual podría ser más generosa que la aplicada por el Gobierno de Rajoy en los cinco últimos ejercicios, aunque sin llegar al tan traído y llevado IPC. Pero hay que dar una respuesta a la pregunta de que pasará cuando lleguen los años malos, una respuesta que nuestros representantes políticos deberían dar por consenso a través del Pacto de Toledo y mirando de frente a nuestros casi diez millones de pensionistas: cuando llegan las vacas flacas, hermanos, casi todo el mundo tiene que apretarse el cinturón y los jubilados no pueden ser una excepción. Es decir, que en los años malos de PIB, sólo habría dinero adicional para atender a las nuevas prestaciones, pero la revisión anual de las ya reconocidas sería cero. Téngase en cuenta que para este año 2018, por ejemplo, el coste de atender a las nuevas prestaciones puede situarse en casi 4000 millones de euros, de manera que, si la actividad económica permaneciera estancada, la porción de la “tarta” dedicada a los pensionistas subiría, en un solo ejercicio, al 12,34% del PIB.

Con la política de revisión aquí defendida, habría en el medio y largo plazo unas pérdidas de poder adquisitivo mucho más leves que con la revisión fija del 0.25%. Las tensiones financieras del sistema serían más manejables durante más tiempo. Y además, en el plazo de dos décadas, las cosas podrían empezar a mejorar por una razón que casi nadie está mencionando: las nuevas pensiones que se reconozcan para entonces no serán, en promedio, mejores que las que dejen de cobrar los fallecidos, como sucede ahora.

 

Santiago López Legarda fue periodista de Radio Nacional de España

 

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