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El informe fue solicitado por la juez de Alcalá, tras su detención en agosto por la muerte de una mujer a la que iban a dar el alta
La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá solicitó en septiembre pasado dos informes, uno sobre el estado mental y otro, psicosocial de Beatriz López Doncel, de 38 años, que fue detenida y entró en prisión acusada del asesinato de Consuelo D., de 86 años, el 2 de agosto de 2017.
El informe psicosocial explica, según han detallado a Efe fuentes jurídicas, que “Beatriz no presenta patología en su personalidad ni trastorno clínico” pero “sí se observan actualmente algunos rasgos que hablan de falta de empatía, locus de control externo, dureza emocional y cierta suspicacia”.
Los peritos judiciales no hallan datos reseñables sobre la etapa escolar, pautas de socialización, relaciones familiares, integración laboral o relaciones afectivas de la acusada, aunque precisan que al hablar con ella su relato “intenta mostrar una excesiva normalización de todo lo relacionado con ella”, incluida su situación emocional tras la detención. No descartan que la entrevistada “quisiera simular algún rasgo psicótico” o “intentar simular una baja inteligencia”.
Por su parte, la defensa de la acusada ha vuelto a pedir su libertad, a la que se oponen las diferentes acusaciones. Ahora la jueza que lleva el caso deberá tomar una decisión al respecto.
Investigada por la muerte de otra paciente
Beatriz ya fue investigada por la muerte de otra anciana en julio de 2015, que al igual que Consuelo estaba ingresada en la planta donde trabajaba, recuperándose de sus dolencias, cuando falleció repentinamente.
En ese caso no se pudo demostrar nada contra ella, pero un juez autorizó la colocación de cámaras en su zona de trabajo.
Ahora la juez investiga si la auxiliar estuvo relacionada con este fallecimiento, ya que por el momento sólo se le imputa el fallecimiento de Consuelo, cuya autopsia confirmó que perdió la vida por acumulación de aire en los pulmones, tras inyectarle aire en las venas.
En esta causa están personadas como acusaciones particulares las familias de las dos fallecidas en julio de 2015 y agosto de 2017 y la Comunidad de Madrid, y como acusación popular la Asociación El Defensor del Paciente.
Esta asociación sigue recibiendo comunicaciones de familias que consideran que sus allegados fallecidos podrían haber sido víctimas de la acusada, según ha informado recientemente en un comunicado.
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