- Remitido por ABRE (Asociación de Abogados Reformistas de Alcalá)
El pasado día 20, se celebró en el salón de actos del Colegio de abogados de nuestra ciudad, sesión informativa, promovida por la Asociación de Abogados Reformistas, (A.B.R.E). La reunión, a la que asistieron, como invitados, el Decano del Colegio D. Vicente Sánchez, y representantes de la asociación de abogados “ACATO”, se articuló en torno a dos ponencias.
El primer ponente, Jorge Condés, expuso de forma muy motivada que, en su opinión, tiene lugar una equivocada aplicación del Derecho de la Competencia Europeo por parte de su Junta de Gobierno, a un Servicio Público como el Turno de Oficio, y que por tanto no está sujeto a las reglas del libre mercado, al ser un servicio no económico de interés general, y traducción del derecho fundamental de los ciudadanos, carentes de medios económicos, a ser defendidos ante la Justicia.
Por si fuera poco, en la situación actual se produce una discriminación a los abogados del Colegio de Alcalá, que no pueden acceder al Turno de Oficio de los Colegios de Madrid, ni Guadalajara, sin cumplir una serie de requisitos, no exigidos a los abogados foráneos, para acceder al Turno de Oficio del Colegio alcalaíno, por la sendilla razón de que dichos colegios no aplican la normativa europea, como el Colegio Complutense. No en vano, incluso la Defensora del Pueblo ha emitido informe apoyando igualmente la postura de ABRE, en este conflicto.
En esta tesitura, ABRE se ha visto en la obligación, de promover expediente ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), solicitando la igualdad de todos los abogados, en el ejercicio de su profesión, lo que ha culminado, en una sanción de 180.000 euros impuesta al colegio matritense.
Terminó el ponente abogando por la absoluta necesidad de que todos los colegios adopten una postura única en cuanto a la normativa que deba regir en el Turno de Oficio, acabando con el caos actual. No obstante , al ser cuestión judicializada, deberá ser resuelta, a la postre, por los tribunales, lo que, a su vez, y dependiendo de su resolución, podría derivar en posibles peticiones de indemnización con arreglo al Real Decreto 9/2017.
Correspondió a José Mª Obra, informar sobre la fallida inversión de fondos de los mutualistas, en acciones del Banco Popular por importe de 54 millones de euros ( 9000 millones de ptas) poniendo de manifiesto, la ausencia de transparencia que rodea todo este asunto y la falta de autocrítica, por parte de los responsables, sobre todo, a la vista de que otros inversores institucionales retiraron a tiempo su inversión. Añadió que la Mutualidad ofrece una rentabilidad muy superior a la que ofrecen la mayor parte de las entidades financieras, lo que a la vista de lo sucedido, se erige, a su parecer, en motivo de preocupación añadida, pues como han demostrado los escándalos financieros de los últimos años, un mayor rendimiento, podría ir asociado a inversiones de riesgo.
Abierto el debate, que fue moderado con gran acierto por David Ruiz Rosillo, Luis Vargas, propuso que el Colegio de Abogados nombrase un comisionado, o delegación, para elaborar el informe pertinente sobre lo sucedido, y debatir propuestas, en Asamblea colegial. El Sr. Decano, contestó, que se limitaba a participar cuestiones en las que no tiene responsabilidad alguna ya que ni siquiera es mutualista, solicitando la confianza en la información de la Mutualidad, dado que se le había garantizado, la puesta a disposición de cualquier mutualista, de toda la información necesaria; lo que no convenció a la gran mayoría de los asistentes.
Para Israel Casquete, dada la magnitud de la pérdida ocasionada y el temor por el futuro de las pensiones de los abogados, sólo cabe la dimisión de los responsables por simple cuestión de honorabilidad, añadiendo que el hecho de que el Presidente de la Mutualidad, reconociese que era el abogado del Banco Popular en numerosos asuntos, no facilita precisamente la confianza en su gestión.
Victoria Gordaliza, recordó que no se trata de que un mutualista pueda examinar la contabilidad de la mutua, sino que procede una información exhaustiva, por parte de los responsables, cuya dimisión viene exigida por su probada negligencia, añadiendo que toda posible responsabilidad que exceda de la mera culpa, debe traducirse, en su caso, en acciones más contundentes que la mera dimisión.
Francisco Gutiérrez, recordó al Sr. Decano, que es incomprensible su actitud, ante la falta de protección del Colegio para sus colegiados, que se sienten desprotegidos y sufren absoluta discriminación, por falta de reciprocidad en materia de incorporación al Turno de oficio con los otros colegios limítrofes.
Andrés Casquete, puso el broche final, y quizás, por eso, fue vehemente. Como digresión, reprochó al Sr. Decano, que hubiese que pagar un alquiler por utilizar el salón de actos para informar a los compañeros. Ante la noticia de que ciertos sectores habían preguntado sobre la identidad de los promovedores del expediente ante la CNMC, advirtió que sólo podía tener por motivo una vindicación espuria; y frente a la afirmación de que el colegio no había sido sancionado por este organismo, recordó al Sr Decano, que el Colegio de Alcalá, ha sido el único en la Historia de España condenado en los tribunales, por fraude a la Seguridad Social.
ABRE (Asociación de Abogados Reformistas de Alcalá )
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