- Santiago López Legarda es un periodista alcalaino que ha ejercido en diferentes medios nacionales.
Existen en la política española algunos dogmas que nadie se atreve a, o se molesta en, poner en cuestión. Uno de estos dogmas es que la ley de presupuestos es la más importante de cuantas aprueba cada año el Parlamento; y otro más, conectado con el anterior, es que si el proyecto viene elaborado por un ejecutivo de izquierdas la derecha tiene que presentar enmienda de totalidad y votar en contra, y viceversa en caso de que el proyecto haya sido elaborado por un ejecutivo de derechas.
A mí no me parece mal la idea de presentar enmiendas de totalidad, al menos para asegurar el necesario debate en profundidad de las cuentas públicas. Pero ya no me parece igual de bien la idea preconcebida de que hay que ir a ese debate con el voto ya decidido de antemano. Y más si tenemos en cuenta que otro de los dogmas de la política dice que si el gobierno pierde ese debate tiene que disolver las cámaras y convocar elecciones. Recuérdese, a este respecto, lo que le ocurrió a Felipe González en el otoño de 1996: en medio de los escándalos varios que tanto habían desgastado a su gobierno, Jordi Pujol anunció que los nacionalistas catalanes no apoyarían las cuentas de aquel año y Felipe convocó las elecciones que supondrían el fin de su presencia en La Moncloa.
Así que, en cierto modo, el debate de totalidad que se va a celebrar en el Congreso de los Diputados los días 3 y 4 de mayo nos retrotrae a la situación política que se dio en España a finales del año pasado, cuando no había una mayoría clara para elegir a un Jefe de Gobierno y la sombra de unas terceras elecciones se perfilaba ya en el horizonte. Las dos principales fuerzas de la izquierda ya han adelantado que su voto negativo es inamovible; y quizás esta postura sea comprensible, pero desde luego no resulta nada conveniente para los intereses generales de los españoles. Es comprensible porque el Partido Socialista está inmerso en un proceso muy delicado de elecciones internas y Podemos tiende a circular por la vida política en autobuses – o bicicletas – de piñón fijo. Pero no es conveniente porque hace que la aprobación dependa de un partido como el PNV y porque, en aplicación estricta de los dogmas arriba citados, una mayoría negativa debería llevarnos a nuevas elecciones.
No digo que las cuentas presentadas por Cristóbal Montoro en el Congreso sean las mejores posibles, pero sí digo lo mismo que dije cuando oí hablar aquí en Alcalá a Alberto Garzón sobre la necesidad de un nuevo proceso constituyente: el riesgo que corremos, queridos amigos, es acabar elaborando algo peor de lo que ya tenemos. Y digo otra cosa más, pese a que los dirigentes socialistas pusieron el grito en el cielo contra las cuentas de Montoro: ni el PSOE ni Podemos serían capaces hoy de presentar unas cuentas que, tomadas en conjunto, fueran sustancialmente mejores que las presentadas por el Ministro de Hacienda. No porque sean unos inútiles, sino porque la realidad impone unos límites y condicionantes que no pueden olvidarse.
Para empezar, tenemos que seguir reduciendo el déficit. No porque lo exija un dios cruel que habita en Bruselas, como tantas veces se escribe y se dice. Tenemos que reducirlo porque hemos decidido exigírnoslo a nosotros mismos, entre otras cosas porque ya tenemos una deuda que supera o se acerca al 100% del PIB y, por supuesto, se puede vivir de prestado, pero no más allá de ciertos límites.
En segundo lugar, no es viable un incremento apreciable de ingresos por la vía de los impuestos. Los ingresos crecerán en la medida en que lo haga la actividad económica, pero no resulta posible incrementar los tipos del IVA, o la tarifa del IRPF, o el Impuesto de Sociedades o los impuestos especiales sobre tabaco, alcohol y carburantes. El resto de las figuras impositivas aportan lo suyo, pero no tienen capacidad recaudatoria para cambiar el panorama. Y tampoco parece posible paliar la situación de la Seguridad Social y el famoso Fondo de Reserva por la vía de incrementar las cotizaciones sociales.
Y en tercer lugar, echémos un vistazo a las partidas de gasto. Las pensiones, por sí solas, se llevan el 40% por ciento del presupuesto consolidado del Estado más la Seguridad Social. Después vienen las transferencias a otras administraciones públicas, los intereses de la deuda, la protección a los desempleados, los sueldos de los empleados públicos, etc. Es tal la cantidad de gastos fijos e intocables, que además crecen, especialmente las pensiones, de acuerdo con su propia dinámica, que cualquier gobierno, sea el que sea, tiene un margen de maniobra sumamente estrecho. Y difícilmente puede dar satisfacción a alguien sin pisar los callos de algún otro que de inmediato emite el comprensible aullido de dolor.
Alguno de mis lectores pensará que cometo sacrilegio, pero yo me atrevo a calificar de socialdemócratas las cuentas públicas que nuestros diputados debatirán en los primeros días del mes de mayo. No porque el señor Montoro haya abjurado de sus principios liberales, sino porque la propia realidad de las prestaciones a las que ha de hacer frente la Administración les imprime ese carácter desde hace muchos años. Y como guinda, para este ejercicio se anuncia una pequeña revisión al alza del IPREM. Por qué no concluir que quizás haya llegado la hora de revisar algún que otro dogma.
Santiago López Legarda . Fue periodista de Radio Nacional de España
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