Este grave incumplimiento representa un serio perjuicio para numerosas familias alcalaínas que accedieron -motivados por las subvenciones comprometidas tanto por el Estado como por el gobierno regional- a la instalación de ascensores en dos barrios con importantes necesidades de este tipo de equipamientos, en los que residen personas mayores de 65 años o con problemas de movilidad reducida.
Cabe recordar que estas ayudas públicas estaban definidas en los planes para la rehabilitación de viviendas en los que se preveían subvenciones de hasta un 60% de los costes por parte de las administraciones local y estatal y en los que los vecinos deberían afrontar el pago del 40% restante.
Muchas de estas familias tuvieron que solicitar diferentes créditos para hacerse cargo de la parte que les correspondía, asumiendo un endeudamiento que ahora se ve agravado ante la reclamación por parte de las empresas constructoras del abono de sus facturas. Unos importes en definitiva a los que ni pueden -ni deben- hacer frente y que está suponiendo el embargo de algunas cuentas bancarias de pequeñas comunidades de vecinos y una seria amenaza al patrimonio personal de los mismos.
Las razones esgrimidas por la presidenta regional para justificar este incumplimiento se basan en pretendidos argumentos jurídicos (artículo 20 de la Ley 4/2012 impulsada por Esperanza Aguirre y diseñado para eludir la responsabilidad del pago) así como en la escasez de fondos necesarios. Todo ello a pesar de haber recibido los 85 millones de euros correspondientes a los planes estatales que sí han sido transferidos al ejecutivo regional por parte del gobierno central y que hasta la fecha no han llegado a las familias, legitimas destinatarias de estas ayudas.
En el caso de Alcalá de Henares la deuda imputable al gobierno regional asciende a casi 470.000 euros. Una cantidad que los responsables del ejecutivo de Cifuentes ponen ahora en tela de juicio denegando su abono y cuyas consecuencias recaen directamente en la parte más débil de este proceso, las vecinas y vecinos complutenses.
“Resulta vergonzoso que a mitad del partido el gobierno regional haya cambiado las reglas del juego promulgando una Ley que incluye un artículo hecho a medida para garantizarse la legalidad de incumplir con sus compromisos. Y todo ello para evitar tener que explicar en qué han gastado el dinero de las vecinas y los vecinos de la Comunidad“, ha señalado Olga García, primera teniente de alcalde y concejala de Infraestructuras y Vivienda del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
“Por mucho que quieran obviarlo – ha declarado el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios– el Partido Popular es el único responsable ya que gobernaba en la Comunidad de Madrid antes y ahora y, por lo tanto, tiene un doble compromiso. Por un lado, no pueden dejar desatendidos a los vecinos y vecinas y, además, es el mismo partido político el que se comprometió y generó el problema y por lo tanto deben ser ellos quienes lo resuelvan”.
Frente a esta injusta situación el actual equipo de gobierno municipal continuará brindando su apoyo, respaldando las legítimas reclamaciones de los vecinos afectados y defendiendo sus derechos en todos los frentes, tal y como lo viene haciendo desde que se hiciera cargo de la gestión institucional tras las últimas elecciones locales y regionales.
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