Este diario, decano de la prensa digital en Alcalá, afirma que “El Juzgado de los Contencioso Administrativo número 22 de Madrid ha condenado a uno de los múltiples operadores ilegales de publicidad estática de Alcalá al pago de 45.000 euros al Ayuntamiento, que no obstante renunció a aplicar una sanción que hubiera multiplicado en este caso por tres el ingreso en las arcas municipales y hasta por ocho en cualquiera de las infracciones de este tipo cometidas por empresas sin certificación ni licencia en los últimos años. ” ( Histórica sentencia contra la proliferación de vallas ilegales )
Afirma también Diario de Alcalá que “El fallo da pleno respaldo al concesionario municipal, que entre sus obligaciones incluye la identificación de esas vallas pirata, instaladas de manera ilegal, algo que la adjudicataria ha hecho escrupulosamente con reiteradas denuncias ante la Concejalía de Urbanismo y la Comunidad de Madrid que, por alguna razón inexplicable, no se han atendido y ejecutado, causando un perjuicio a las arcas públicas de cientos de miles de euros.” Y continúa “”La permisividad de la anterior Corporación con este grave problema de orden público ha sido sorprendente y desde nuestro punto de vista irregular. Por eso, aparte de todas las denuncias administrativas ya puestas, hemos recurrido a la vía penal ante la posibilidad de que incluso se hayan cometido delitos”, explica a este periódico un portavoz de la concesionaria, Yolanda Cerdá. ”
ALCALÁ HOY ha podido saber por fuentes muncipales que el concesionario actual para la gestión del dominio público ( vallas publicitarias ) es la empresa Arpinum , que comparte administrador único con la empresa editora del propio Diario de Alcalá, que por razones evidentes dispone de información de primera mano sobre los procesos judiciales en torno a este conflicto.
Revela también Diario de Alcalá que “La Ordenanza que regula esta actividad data del año 2005 y la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid son claras al respecto del importe de las multas, sancionando con hasta 30.000 euros a los infractores. Pero según el concesionario, pese a sus múltiples denuncias documentadas, durante años se han perdido o han caducado expedientes, se han impuesto sanciones mínimas irregulares o se ha inaplicado el pago de tasas por ocupación de espacios públicos”.
Otra sentencia contra una multinacional que operaba en Alcalá sin licencia
Diario de Alcalá, que está haciendo un seguimiento completo de este tema de interés público pero también del propio grupo de empresas con el que está vinculado, continua con el tema en una segunda entrega …. “En esta ocasión, los tribunales han confirmado la sanción impuesta a la multinacional Exterion Media de 45.000 euros que irán a las arcas públicas por la colocación de vallas ilegales en el término municipal de Alcalá, una cifra idéntica a la ratificada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 22 de Madrid contra otro operador ilegal por las mismas prácticas, un fallo histórico conocido hace apenas diez días.
Ambas multas son, según se desprende de las propias sentencias y de las consultas jurídicas hechas por este Diario, la punta del iceberg de un problema mucho mayor que pone al propio Ayuntamiento en el punto de mira por su sorprendente y premeditada tolerancia con actividades que, finalmente, son reprendidas por la Justicia. ”
Otra multinacional acumula denuncias que el Ayuntamiento no ha tramitado en años
En una tercera entrega Diario de Alcalá continúa desvelando nuevos procesos judiciales : “Una multinacional francesa, en el tercer caso en pocos días que se ha dado a conocer, acumula denuncias por instalar vallas publicitarias ilegalmente y sin licencia en la ciudad, además de operar con licencias caducadas en muchas ocasiones.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este Diario, el problema es aún mayor y denota la misma permisividad del Consistorio con los infractores e idéntica laxitud que en los casos precedentes a la hora de aplicar la ley y, con ello, procurar cuantiosos ingresos para las arcas municipales: la falta de tramitación de las denuncias, siquiera para su archivo, podría incluso tener una “relevancia penal”, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico.
Decenas de denuncias se acumulan en los cajones de los servicios jurídicos y de disciplina urbanística del Ayuntamiento que, con arreglo a las ordenanzas municipales y fiscales, deberían hacer concluido con multas millonarias en su conjunto y el desmontaje de soportes estáticos sin ningún tipo de licencia, instalados a menudo en zonas de paso para los ciudadanos. Pero no ha sido así, en incontables casos, y sólo en el último momento se han ejecutado sanciones cuya cuantía es inferior a la estipulada por la ley, lo que ha llevado a los propios magistrados a asombrarse en las primeras sentencias conocidas sobre este asunto” .
El juzgado ya investiga una denuncia penal por delitos en Urbanismo y Hacienda
En una cuarta entrega Diario de Alcalá señala directamente al ex-concejal de Urbanismo, Jesús Domínguez Picazo ( PP ) y a una parte de los funcionarios de su departamento de Disciplina Urbanística: ” El Juzgado de Instrucción número 1 de Alcalá de Henares investiga ya una denuncia penal por la posible comisión de delitos relacionados con el Urbanismo y afectaría, al menos, al exconcejal del área, Jesús Domínguez, y a una parte de los funcionarios de su departamento de Disciplina Urbanística que aún prestan el mismo servicio en el actual Ayuntamiento.
En concreto, la denuncia a la que ha tenido acceso este Diario entraña posibles delitos de prevaricación y contra la Hacienda Pública, además de cohecho y tráfico de influencias. Se trata de una pieza independiente pero totalmente relacionada con el ‘Caso Vallas’ del que viene informando este periódico” .
“En el caso concreto de la denuncia penal, el Juzgado investiga posibles delitos relacionados con el otorgamiento de licencias urbanísticas para explotar comercialmente el campo municipal de El Val, donde juega la RSD Alcalá. Allí se toleró la instalación sin licencia de grandes soportes publicitarios, a continuación se ignoraron las denuncias interpuestas durante dos años y, finalmente, se intentó regularizar una situación ilegal concediendo licencias inviables a una entidad mercantil privada . ”
La concesionaria pide una aclaración al alcalde y le recuerda que se ha personado
En su última información Diario de Alcalá sale al paso de las declaraciones de Javier Rodríguez Palacios, actual alcalde de Alcalá: “La compañía adjudicataria de la publicidad estática de Alcalá ha reclamado al alcalde, a través de su representante legal, Alejandro Framiñán, una aclaración y una rectificación de las declaraciones públicas en las que Rodríguez Palacios afirmaba, a propósito del ‘Caso Vallas’, que “no se ha hecho cumplir el acuerdo con la concesionaria”.
A juicio de Framiñán, en nombre de Arpinum, no sólo es una afirmación “ligera y perjudicial”, sino que además es incierta e incompatible con lo que el propio Ayuntamiento mantiene administrativa y legalmente: “El Consistorio se personó como parte perjudicada también en nuestra denuncia, el pasado mes de julio, y nuestro desempeño es el correcto según la propia documentación municipal”.
El alcalde, obviando esas certezas, confunde la acción penal de orden público con la relación contractual entre el Ayuntamiento y la concesionaria, dos asuntos totalmente distintos sobre los que, además, el Ayuntamiento mantiene posturas oficiales distintas a las expresadas por el primer edil.
El portavoz de Arpinum achacó la confusión generada al alcalde a que “probablemente pudiera estar recibiendo información sesgada, si bien es cierto que nosotros nos hemos encargado de darle traslado oportunamente de todas las actuaciones e irregularidades denunciadas”. Tal error, procede, a juicio de portavoz, de la mezcla “entre un caso penal que puede impulsar cualquier ciudadano, pero especialmente uno que conoce los hechos, y una relación administrativa que por otro lado es impecable pese a la sorprendente persecución e indiferencia del Ayuntamiento por parte de quien más debía atender nuestras advertencias por el interés de los propios ciudadanos”, señala Framiñán.
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